La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha tachado este martes de “impresentable” que el Gobierno canario haya cerrado el año 2020 con un superávit de 232 millones de euros y, sin embargo, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, “no haya perdonado ni un solo euro en impuestos a familias, autónomos y pymes” en todo el ejercicio pasado.
Vidina Espino ha explicado que, tal y como recoge el informe sobre Ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2020, hecho público por el Ministerio de Hacienda, “Canarias es la comunidad autónoma que acabó el año pasado con mayor superávit en España”, 232 millones de euros, el 0,55 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), “a pesar de ser las más castigada, tanto económica como socialmente, por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus”, según ha señalado el propio Gobierno canario de forma reiterada y atestiguan las cifras de paro o la caída del PIB.
La portavoz de la formación naranja ha afirmado que este superávit hace todavía más incompresible el rechazo del Pacto de las Flores a las propuestas realizadas en distintas ocasiones por Cs con el propósito de que “se aumentaran las deducciones fiscales a las familias para la compra de libros o material informático, o se generalizara la tarifa plana, existente para nuevos autónomos, a todos los profesionales de este colectivo”.
Según la diputada de Cs, los datos del informe del Ministerio de Hacienda “reflejan cuál es el compromiso del Gobierno canario con los ciudadanos de esta tierra”, pues, mientras muchas familias y empresas tienen serias dificultades para subsistir, a sus dirigentes “no les duelen prendas seguir cobrando impuestos para recaudar dinero que no gastan y, por tanto, no reporta ningún provecho”.
Vidina Espino ha comentado que “el informe sobre los 232 millones de superávit viene precedido por el apunte de los 467 millones que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres dejó sin ejecutar el año pasado”. Entre ellos 34,5 millones para ayudas y subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y 83 millones del área de Economía destinadas a políticas de empleo.
A su juicio, estas cifras también ponen de manifiesto “lo alejado de la realidad de las Islas que se encuentra el actual Ejecutivo canario” y que “es preciso contar con una administración mucho más moderna y eficiente” para hacer frente a las necesidades de la población del Archipiélago.
