El pasado miércoles el Rey dio por inaugurada la legislatura en el Congreso de los Diputados. La tensión contenida entre los diputados y senadores de todos los partidos confirmó la continuidad del alto voltaje político que vive España después de las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio. Sin duda, será un tiempo marcado por la incertidumbre, e inédita en muchos aspectos.
Es la primera vez que el partido que más escaños obtuvo no forma gobierno en el ámbito del Estado, nunca había ocurrido desde la celebración de las primeras elecciones generales constitucionales celebradas en marzo de 1979. Hasta este momento, los gobiernos de mayoría minoritaria pivotaron en torno a fuerzas de distinto signo político que favorecía las mayorías de geometría variable, es decir, dependiendo de qué asuntos, se alcanzaban acuerdos con partidos de diverso espectro ideológico.
El primer eslabón que tenía que sumar Alberto Nuñez Feijóo para estar en condiciones de buscar otros aliados que le llevaran a obtener los 176 escaños que le garantizaran la mayoría absoluta era Vox. Los 33 diputados obtenidos por el partido que preside Santiago Abascal salvaban y condenaban al mismo tiempo al PP. Le salvaban porque le dejaba a sólo 4 escaños de la mayoría absoluta; le condenaban porque el resto de las fuerzas políticas habían fijado un cordón sanitario de aislamiento de la fuerza de ultraderecha.
Los caminos que dejó la neutralización política de Vox condujo al país a la convocatoria de nuevas elecciones, a un acuerdo de los dos grandes partidos estatales (PP,PSOE) o, como sucedió, a un acuerdo de todos los partidos para aislar a la derecha y a la ultraderecha.
El futuro del periodo recién estrenada es muy incierto porque a las nubes negras que se divisan en el horizonte sobre la economía y las guerras de Ucrania y Gaza se unen los asuntos de política interna que pueden hacer zozobrar al Gobierno de Sánchez. Las miradas están centradas en la Ley de Amnistía y en las dificultades que va a tener para superar la fuerte oposición política, jurídica y social. Indudablemente, la oposición en la calle no parece que vaya a aflojar mientras haya alguien que la agite; lo mismo se puede decir del posicionamiento de jueces y fiscales y de los órganos que los representan, así como la oposición absolutamente frontal del PP y Vox.
La ley de Amnistía puede alejar al Gobierno de Sánchez del PP, de Vox, del estamento judicial, de Europa y de la calle en la mayor parte de España, pero servirá de pegamento para la amalgama de fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente. La vulnerabilidad del gabinete que preside Sánchez, puede venirle por la dispersión ideológica, en lo social y en lo económico, de las propia fuerzas que le apoyan en el Gobierno y en el Parlamento
En el Gobierno, Sumar es una bomba de relojería después del desaire político con el que han pisoteado los intereses de Podemos. El partido que fundó Pablo Iglesias ha visto como, poco a poco, su en otro momento protegida Yolanda Diaz intenta reducirlos a la nada. La celebración de elecciones europeas en junio del próximo año puede empujar a Podemos a desmarcarse para recuperar su espacio político propio.
La pugna abierta en el Gobierno de Sánchez entre las ministras de Trabajo y Economía –Yolanda Díaz (Sumar) y Nadia Calviño (PSOE)— acerca de la reforma del subsidio por desempleo, pueden ser solo un botón de muestra de los que se avecina en los próximos meses.
En este debate abierto entre la parte más social (Trabajo) y la económica (Economía) será muy interesante ver cómo se posiciona la parte más conservadora de los que apoyan al Gobierno -PNV y Junts- y los más representativos de la izquierda -Ezquerra y Bildu.-. Será una legislatura muy movida.
