Uno de los mayores problemas de Canarias es la profunda desigualdad social que padece. Hemos ido perdiendo riqueza en las últimas décadas, retrocediendo en la renta media en relación al conjunto del Estado español, del 97,7% del año 2001 al 80% actual. Si esto es grave, también lo es el mal reparto de la riqueza que se genera. Ocupamos lugares de cabeza entre las Comunidades Autónomas (CCAA) en los más negativos parámetros: mayor desempleo, salarios más bajos -y, consiguientemente, prestaciones y pensiones de jubilación menos cuantiosas-; elevado número de desempleados de larga duración, así como de familias con todos sus miembros en paro, y alta pobreza y exclusión social.
Una situación que se mantiene en el tiempo, y que agudizó la crisis económica iniciada en 2008, sin que se haga lo suficiente, desde el Gobierno de Canarias, para afrontar con rigor y superar esa sangrante realidad que conforma una sociedad injusta, incapaz de ofrecer oportunidades a una parte significativa de su población. Mientras que Baleares realizó una concertación social, liderada por el Ejecutivo, para generar empleo y subir los salarios un 17% en cuatro años en el sector de la hostelería, aquí se mira para otro lado.
Las consecuencias de la elevada pobreza y desigualdad son numerosas. Entre ellas, las graves dificultades de muchas personas para desarrollar una vida digna en la que se cubran adecuadamente las necesidades alimenticias básicas. Los problemas de decenas de miles de familias que no pueden acceder a una vivienda. Asimismo, los efectos en el ámbito educativo: distintos informes confirman que la pobreza se encuentra detrás de buena parte de los abandonos y fracasos. El 41% de los niños y niñas de las Islas está en riesgo de pobreza, el dato más alto de España, según Unicef.
Frente a ello, el Gobierno de Canarias y los grupos que le han dado sustento parlamentario -CC, PP y ASG- han eludido sus responsabilidades. Se han negado a tomar decisiones que posibilitaran reducir nuestros elevados índices de pobreza, estableciendo instrumentos ya experimentados en otras comunidades para modificar la dramática situación de muchos canarios y canarias. Desde NC, hemos planteado numerosas iniciativas parlamentarias, estrategias argumentadas que siempre fueron rechazadas por CC.
Nueva Canarias ha venido reclamando el establecimiento de una renta básica, en el marco de una estrategia global que posibilitara superar esa situación. Aprovechando los recursos existentes, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), e incorporando otros procedentes del Estado y de la comunidad canaria. Mucho antes de que la Renta Básica de Ciudadanía haya sido incluida como un derecho en el reformado Estatuto de Autonomía.
PGE y REF
Hemos conseguido que la lucha contra la pobreza fuera incluida en los Presupuestos Generales del Estado (aportando a las Islas 11 millones de euros en 2017 y 30 millones de euros, en 2018) y en el propio Régimen Económico y Fiscal (REF), que reconoce la asignación de partidas para combatir la pobreza en Canarias, mientras estemos por encima de la media española en pobreza y exclusión social.
Somos conscientes de que para conseguir una sociedad con mayor cohesión hay que abordar ese objetivo desde numerosas perspectivas. La primera, sin duda, la del crecimiento en el empleo (donde, según la última EPA, la de diciembre de 2018, tenemos todavía un 20% de personas desempleadas, cinco puntos y medio más que la media española) y en la calidad de éste, en lo que somos claramente deficitarios. La segunda, desde unos potentes servicios públicos, que contribuyen mucho a la equidad, y que se hace imprescindible revitalizar tras el importante retroceso experimentado por las políticas de austeridad y recortes. La tercera, desde acciones gubernamentales directas, con políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza.
Nuestra propuesta de renta de ciudadanía se dirige a personas sin empleo cuyas prestaciones, si las tienen, no llegan a cubrir las necesidades básicas de su unidad de convivencia. También a pensionistas que se encuentren en esa precaria situación. También a los trabajadores y trabajadoras pobres, los que, a pesar de contar con un empleo, tienen salarios claramente insuficientes para sus necesidades personales o familiares. Y a mujeres víctimas de la violencia de género.
En todos los casos -menos, lógicamente, en el de las personas jubiladas-, teniendo al empleo (su consecución o la mejora de sus condiciones) como horizonte y fórmula para conseguir una mejor inclusión, pero siendo conscientes de que no es posible en todos los casos. Por tanto, la obtención de la renta de ciudadanía estará condicionada a programas para la inserción laboral o inclusión social, cuando fuere necesario. Tiene un carácter complementario. Es evaluable, para impedir posibles fraudes, y compatible con otras prestaciones.
Como explicamos en el Parlamento canario, se trata de una propuesta cuya implantación se llevaría a cabo de forma progresiva, en tres años, con el objetivo de que finalmente pueda atender a unas 60.000 unidades de convivencia frente a los 7.000 que aborda la PCI. Sus receptores recibirían, de entrada, doce pagas anuales de 563 euros, 93 euros más que la PCI. Una cantidad ampliable en función de los miembros de la unidad de convivencia, para llegar hasta los 812 euros si está compuesta por cinco personas.
Recursos
Estimamos en 300 millones de euros anuales el costo global al final de su tercer año de aplicación. Para lo que proponemos utilizar los casi 60 millones de euros de la actual PCI y recuperar las irresponsables rebajas fiscales, tan populistas como injustas, implementadas por el Gobierno de Clavijo, que han supuesto una pérdida de unos 215 millones de euros al erario. Se sumarían además los recursos de los servicios sociales, del Servicio Canario de Empleo, y, también, los que desde NC hemos logrado comprometer provenientes de las cuentas públicas estatales.
Esta semana, el Parlamento, con los votos de CC, PP y ASG impidió el trámite de la Proposición de Ley de Renta de Ciudadanía que, a través de su diputado Luis Campos, NC defendió en la Cámara. Retrasando en el tiempo algo que, estoy convencido, se hará realidad más temprano que tarde.
Una Canarias más justa es necesariamente una Canarias con mayor equidad, con mayor cohesión social. Para ello es imprescindible combatir los actuales abismos económicos. Para lo que son fundamentales el empleo y los servicios públicos. Así como una renta de ciudadanía, que constituirá uno de los elementos centrales del programa de Nueva Canarias para las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Trabajaremos para lograr que, en el Parlamento canario, haya mayorías suficientes para sacar adelante esta y otras propuestas dirigidas a garantizar un mínimo de calidad de vida a todos los hombres y mujeres de Canarias.
Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.
