Cada vez es mayor la exigencia de instituciones y gobiernos transparentes. Que posibiliten a la ciudadanía saber cuáles son los recursos económicos de que se disponen y cómo se gestiona el dinero de todos. Que contribuyan a una mayor eficiencia de las administraciones, así como al mejor funcionamiento de los servicios públicos. Que faciliten el conocimiento de los diferentes contratos, convenios, subvenciones o gastos de personal. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, aprobada unánimemente por el Parlamento, puede contribuir a que se avance en esos imprescindibles objetivos.
Desde Nueva Canarias presentamos distintas enmiendas a su articulado, logrando que se aprobaran algunas de ellas. Y, pese a las diferencias con algunos de sus contenidos, decidimos apoyar esta relevante norma que, como se destaca en su exposición de motivos, debe coadyuvar a superar la actual desafección y contribuir a que “las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía”.
Una de nuestras discrepancias con el articulado finalmente aprobado hace referencia a qué organismo se debía encargar de velar por el cumplimiento de la nueva norma. Desde NC defendimos que fuera el Diputado del Común, que dispone de estructura bien dimensionada para ello, sedes en las distintas islas y que, además, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de las reclamaciones de la ciudadanía a la administración.
Pero los grupos que apoyan al Gobierno cedieron frente al PP que, como se sabe, pretende la desaparición de ese organismo que emana del Parlamento de Canarias. Paradójicamente, lo que finalmente han resuelto es establecer un comisionado de la transparencia, que supone la constitución de un nuevo órgano que tendrá sus correspondientes costos para el erario. Escasamente coherente, desde luego, con el discurso del PP que exige eliminar al Diputado del Común para recortar la estructura de gastos.
Servicios públicos
Por otra parte, NC consiguió que algunas de sus enmiendas fueran incorporadas al texto de la nueva normativa. Es el caso de la que compromete al Ejecutivo a elaborar y publicar, en el plazo de un año a partir de la aprobación de la ley, unas estadísticas e informes de elaboración propia que contribuyan a facilitar el conocimiento de la información sobre los servicios públicos y el desarrollo económico de la comunidad canaria. De lo contrario, el acceso a la información será, en la práctica, muy restringido.
Asimismo, a través de otra enmienda, hemos conseguido que la Administración canaria se comprometa a ofrecer datos insularizados cuando la información disponible lo permita. Por ejemplo, sobre los gastos en materia educativa o sanitaria, así como los de personal y los correspondientes a ingresos fiscales por territorio.
También valoramos que el resto de los grupos de la Cámara aceptara nuestra propuesta para impulsar la traslación de los principios y criterios que animan a la ley de transparencia al propio reglamento del Parlamento de Canarias.
En este sentido, los grupos iniciaremos estos trabajos de manera inmediata con el objetivo de concluir el próximo mes de enero y que el nuevo reglamento de la Cámara entre en vigor antes de final de legislatura. Así contribuiremos a mejorar el puesto decimoctavo que actualmente ocupa el Parlamento canario en nivel de transparencia, los penúltimos (con 42,3 de cien puntos) de ese ranking que incluye a la Cortes Generales y a las diecisiete comunidades autónomas.
Jeroglífico
Hay algunos elementos que considero que habrá que ir mejorando en el futuro. Por ejemplo, el acceso a la información presupuestaria sólo permite la comprensión de la misma por una minoría de expertos. Es preciso simplificarla, en lo posible, y ponerla al alcance de la mayoría, de forma que los ciudadanos y ciudadanas puedan saber lo que se invierte en educación, sanidad, servicios sociales, carreteras o personal, entre otros, sin que tengan que resolver un auténtico jeroglífico.
Por otra parte, y como bien destacó nuestro diputado y ponente en la tramitación de la ley de transparencia, Pedro Justo, la norma es muy relevante pero, mucho, más su puesta en práctica y la voluntad política en aplicarla adecuadamente por parte de quienes tienen responsabilidades de gobierno. Algo que explica muy bien el singular hecho de que las comunidades autónomas, que aún no han aprobado legislación alguna en este ámbito, aparezcan las mejor colocadas en distintos informes sobre transparencia en la gestión pública. Lo que resulta más determinante es la asunción de una verdadera cultura política de transparencia y no exclusivamente la norma.
En definitiva, considero que para avanzar en transparencia y buen gobierno y facilitar el acceso ciudadano a la información de las administraciones públicas es muy importante contar con una ley avanzada, como la que acaba de aprobar unánimemente el Parlamento de Canarias. Pero para su éxito resulta, al mismo tiempo, imprescindible desarrollar una rigurosa y comprometida práctica en todos los ámbitos de la vida pública; y que la ciudadanía, las organizaciones de los distintos ámbitos sociales y los medios de comunicación estén permanentemente vigilantes y exigentes.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
