El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó esta mañana, durante un pleno extraordinario celebrado en el Parlamento regional sobre el denominado caso Mediador, que la actuación de su Gobierno ante esa investigación judicial y según los hechos conocidos hasta ahora ha sido “contundente e inmediata”, aparte de que se ha abierto una amplia investigación interna en todas las consejerías que, de momento, no ha detectado que las arcas autonómicas se hayan visto perjudicadas en un solo euro por esa supuesta trama.
En sus distintas intervenciones durante la citada sesión parlamentaria, Torres dejó claro que el Gobierno está colaborando al máximo con la Justicia. “La investigación interna está abierta desde el mismo 14 de febrero pasado, rastreando lo que sale en el sumario y en los medios de comunicación en busca de dar cuenta y de la absoluta transparencia. Se están haciendo labores inspectoras no solo desde Administraciones Públicas y la Consejería de Agricultura, sino que hay un trabajo de amplia magnitud en todas las consejerías”.
Así, el presidente indicó que se están analizando los expedientes de Administraciones Públicas; Transición Ecológica; Agricultura; Educación, Universidades, Cultura y Deportes; Obras Públicas, Economía; Sanidad, y Hacienda, “sin que se hayan detectado anomalías hasta el momento”.
Torres insistió en que su Gobierno “está haciendo más de lo que nos pide el juzgado en pro de una defensa absoluta de la honorabilidad de la institución y sus funcionarios. Aquí se piden ceses, cuando quienes ahora los piden antes no destituían a sus cargos investigados. Los hechos demuestran que se ha actuado de forma rotunda, que se está investigando y que el Gobierno tiene tolerancia cero ante la corrupción”, sostuvo.
El presidente aludió a la proposición no de ley (PNL) de la oposición en la que se pide al Gobierno que investigue, pero recalcó que esto se ha hecho desde el 14 de febrero, desde que se conoce esta investigación judicial. Según detalló Torres, se analizó la compra de drones por parte del área de Seguridad y no hay ninguna relacionada con las empresas investigadas. También se investigó en Transición Ecológica y no ha habido ninguna ayuda por parte del Gobierno. En Educación “tampoco se han detectado relaciones con las compañías” involucradas en el sumario, a lo que se suma la contundente nota de Obras Públicas negando cualquier vínculo, mientras que en Economía no se ha detectado nada improcedente.
El presidente se refirió también a distintas reuniones en el Servicio Canario de la Salud en diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, pero dejó claro que las peticiones realizadas nunca fueron apoyadas por el Gobierno y que, por ejemplo, en el intento de introducir leche de una marca local en hospitales, se les dijo que se requería un concurso público. Asimismo, indicó que no se había detectado nada en Turismo, Industria y Comercio, si bien dejó claro que “se seguirá analizándolo todo y, ante cualquier supuesto ilícito, se trasladará a la justicia”.
Nadie del Ejecutivo está siendo investigado
En su primera intervención, Torres explicó que, aunque el reglamento no establece que él deba comparecer, lo hace por entender que es su obligación y la mejor forma de dejar clara la rotunda oposición de su Ejecutivo ante cualquier atisbo de corrupción. Según recordó, el pasado 14 de febrero el Gobierno supo de la detención del exdirector general de Ganadería Taishet Fuentes, en una operación en la que había otras 11 personas investigadas. “Ese mismo día -remarcó-, en ocho horas, el PSOE expulsó del partido, de forma cautelar, a Taishet Fuentes y a Juan Bernardo Fuentes, que esa misma jornada también dejó el acta de diputado en el Congreso”.
Además, según su repaso, anunció ante los medios (el 15 de febrero) que, de haber sabido que existían mordidas y extorsión a empresarios, “el Ejecutivo habría acudido a la justicia”. Asimismo, dejó claro que se iban a analizar los expedientes solicitados por la Justicia a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como el resto de documentos que pudieran haberse visto afectados, sin que hasta ahora se haya detectado nada irregular.
Así también lo expresó la consejera Alicia Vanoostende, de Agricultura, al día siguiente (el jueves 16 de febrero), tras el Consejo de Gobierno, en una rueda de prensa en la que el portavoz del Ejecutivo y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, afirmó que, en caso de comprobarse que hubiera perjuicio a las arcas autonómicas, algo que aún no se ha detectado, a 14 de marzo de 2023, el Gobierno de Canarias se personaría en la causa.
Esos expedientes pedidos por el juzgado fueron entregados el lunes previo al Debate sobre el Estado de la Nacionalidad (27 de febrero). En esa sesión de la Cámara, Torres además anunció que los servicios jurídicos habían elevado un informe ese mismo día (martes 28 de febrero) que confirmaba que, hasta ese momento, no se había detectado ningún daño a las arcas regionales. Asimismo, antes del debate, el viernes 24 de febrero, anunció que encargaría acciones jurídicas contra Navarro Tacoronte. Aunque los servicios jurídicos le indicaron que no podía hacerlo en calidad de presidente, sí ha dado el paso a título personal.
El jefe del Ejecutivo se expresó hoy de forma contundente: “Vuelvo a mostrar nuestro absoluto rechazo ante actitudes repugnantes, que no son representativas de los seres humanos, y más si estos son representantes públicos. Tras más de un año de investigación, hay 12 imputados, pero ninguno es miembro del Gobierno, algo que es muy importante que sepa la ciudadanía”.
