El resultado de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar la política migratoria del Gobierno de España, celebrada el pasado miércoles, no ha podido resultar más decepcionante para los intereses de nuestro Archipiélago. A modo de conclusión, podríamos resumirla en que “Sánchez colma de lisonjas y loas a Canarias, a cuenta de los migrantes”.
Si nos atenemos a lo presenciado hasta el momento, el Gobierno de España no tiene ninguna intención de intervenir para que se lleve a cabo un reparto equitativo y justo de los migrantes que llegan a las costas isleñas, a través del mar. Más aún, el Gobierno de Sánchez parece sentirse cómodo utilizando las Islas como espacio de retención y jaula para las personas que desean llegar al continente siguiendo la “Ruta Canaria”.
A lo largo de la historia, los canarios nos hemos ido ganando el respeto por nuestro civismo, tolerancia, humanitarismo y solidaridad, con acciones y hechos constatables. Por ello, muchos estábamos esperanzados en que, además de reconocer esos valores, remarcados en dicha intervención, la comparecencia de Sánchez incluyera el anuncio de medidas concretas para aliviar una situación que ya se hace insostenible desde el punto de vista social y económico.
Seguro que al presidente del Gobierno de España no se le ocurriría comparecer ante el Congreso, cuando necesita garantizarse el apoyo de sus socios catalanes o vascos, únicamente con loas y lisonjas sobre los valores de ambos pueblos. A la vista está que, en esa otra situación, el dinero y las competencias siempre tienen que estar sobre la mesa, por lo que cualquier otra cosa sería considerada una frivolidad o tomadura de pelo. De ahí que consideremos igual, una tomadura de pelo a Canarias y a los que aquí vivimos, la posición mantenida por el Gobierno de España ante la situación de los menores no acompañados, con la inestimable ayuda, eso sí, del principal partido de la oposición.
El desacuerdo entre socialistas y populares para modificar la Ley de Extranjería, con el fin de que los menores no acompañados que desbordan los 81 centros habilitados en las Islas puedan ser distribuidos por el resto de los territorios del Estado, favoreciendo su atención educativa y formativa, resulta de una miseria política indescifrable.
Los populares han cometido una torpeza mayúscula, al negarse sistemáticamente a facilitar el acuerdo con los socialistas para modificar la ley. A su vez, dicha postura es la excusa perfecta para que el Gobierno de Sánchez consolide -por acción u omisión- la estrategia de convertir al Archipiélago en la última parada de los migrantes llegados del continente africano a través del mar.
Mientras tanto, el presidente del Ejecutivo, en su reciente comparecencia ante el Congreso, demanda de Europa la solidaridad con España que el Estado no ésta teniendo con Canarias. Así de sencillo. El Gobierno español tiene en sus manos la potestad de impulsar un Decreto Ley que obligue al reparto de los menores no acompañados entre todas las comunidades. Pero la determinación mostrada por Sánchez para modificar unilateralmente la Ley de Financiación de las autonomías, creando un sistema especial de cupo que favorezca a Cataluña, con el que se asegura el apoyo de los independentistas, no la tiene para aliviar la situación migratoria en Canarias.
Así, el Archipiélago se ve condenado a asumir en solitario el drama de las personas que, deseando llegar a Europa, terminan atrapadas dentro de la cárcel virtual en la que han convertido las Islas. ¿Hasta cuándo vamos a permitir los canarios que nos tomen el pelo, considerándonos tontos?
