Los agricultores y ganaderos llevan una semanita de protestas, manifestaciones y cortes de carretera por toda España que han dejado las algaradas de los independentistas catalanes de 2017 en un juego de niños.
Los independentistas que se manifestaron en Cataluña solo cortaban las carreteras de la Comunidad pero estas protestas agropecuarias con vertidos de purines se han desplegado por toda España.
Los pacíficos agricultores y ganaderos se han enfrentado a la Guardia Civil y a la policía, han tirado piedras a los agentes y han herido a algunos de ellos de cierta consideración, han derramado la leche (la buena y la mala) por las principales arterias de las ciudades y han vertido los orines y excrementos de su ganado en las avenidas de las capitales españolas. Todo muy pacífico.
Se han limitado a quemar gomas y ruedas de caucho en las autovías y a enfrentarse a los cuerpos de orden público, apartando a la fuerza los coches de la Guardia Civil que trataban de impedir el paso de los tractores a las ciudades, que quedaron totalmente colapsadas por la fuerza bruta rural.
Está tardando el juez García Castellón en empurar a todos estos pacíficos campesinos por terrorismo, a no ser que el juez de cabecera del PP entienda que solo son desórdenes públicos.
Según algunos jueces y fiscales, entre el terrorismo y los desórdenes públicos hay una fina línea roja, que es traspasada solo cuando los manifestantes no están dirigidos por la derecha y la ultraderecha. Si los manipuladores son gente de orden, tenga usted por seguro que solo se tratará paradójicamente de desórdenes públicos, pero si son de izquierda o independentistas, tenga también la seguridad de que serán imputados por terrorismo, aunque se parezcan uno y otro como un huevo a una castaña.
Los jueces aquí actúan como los árbitros de fútbol, que solo pitan penalti si el empujón en el área es suficiente o de alta intensidad. De lo contrario, ni siquiera el VAR se atreverá a corregir la decisión inicial del árbitro de campo.
Para García Castellón y la mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo, unas algaradas en la calle, unos forcejeos con la policía y un turista muerto por infarto como daño colateral es suficiente como para imputar al expresidente de la Generalitat de Catalunya por terrorismo.
Seguramente si el francés se hubiese muerto de risa por overbooking o de suicidio cómico por las listas de espera del aeropuerto, el juez de la Audiencia Nacional no habría decretado ni tan siquiera penalti.
