En las recientes elecciones a las Cortes generales del Estado, sobre un censo de 34. 619.994 electores, 9.280.639 no han querido o podido ir a votar -o no han sabido, pues Caritas de Canarias acaba de dar la reveladora información de que, aproximadamente, el 5% de sus usuarios son analfabetos-. El número de abstencionistas representa el 26,80%, del electorado, un porcentaje superior al del apoyo directo que ha recibido cualquiera de las candidaturas presentadas. De acuerdo con el principio fundamental democrático de una persona un voto, el Partido Popular ha sido la opción política elegida por el 20,80% de la ciudadanía con derecho a votar; el PSOE, por el 15,97%; Podemos (con sus diferentes coaliciones), por el 14,98%; Ciudadanos, por el 10,11%; Izquierda Unida (Unidad Popular), por el 2,66%; Esquerra Republicana de Catalunya-CATSI; por el 1,73%; El Partido Nacionalista Vasco, por el 0,86%; EH Bildu, por el 0,62%; y Coalición Canaria (PNC), por el 0,23%.
Sin embargo, el Partido Animalista (PACMA), a pesar de lograr el 0,63% de los votos -más que EH Bildu-, y Unión Progreso y Democracia (UPyD), con el 0,44% -más que Coalición Canaria (PNC)-, no han obtenido ningún escaño, debido a que la Ley electoral vigente hace que los votos tengan diferente valor según la circunscripción electoral: según el tamaño, la población y el número de partidos que se presentan por cada provincia. Esto no es una cuestión menor, pues, en un sistema con una circunscripción única, el PP conseguiría 103 diputados, no los 123 actuales; el PSOE, 79, no 90; Podemos y sus mareas, con 4 más, lograría 73; Ciudadanos, con 10 más, 50; IU, con 11 más, 13; ERC, perdiendo 1, tendría 8; y el PNV, perdiendo 2, 4. Coalición Canaria mantendría su escaño, pero, el Partido Animalista entraría en el Congreso con 3 representantes y UPyD, con 2.
Con todo, habiéndose valorado así los votos y repartiéndose, de esta manera, los escaños, la correlación de fuerzas en el Parlamento no permite gobernar en mayoría a ningún partido, ni solo, ni con un único socio, como era lo habitual. Con estos mimbres y tras vocearse a los cuatro vientos que estamos en una nueva política, a los portavoces de las dos fuerzas mayoritarias se les ha vuelto a llenar, rápidamente, la boca con que, según se mire, cada una de ellas es la que ha ganado, es la única opción digna de gobierno y es su programa el que tiene que guiar la acción gubernamental de la próxima legislatura.
En la derecha del espectro ideológico están el Partido Popular en caída -con una sangría de 3.651,000 votos desde las anteriores elecciones- y Ciudadanos, la gran esperanza conservadora desinflada, defendiendo el neoliberalismo y el Estado centralista, a machamartillo, con poco más del 30% de apoyo de la ciudadanía con derecho a voto. Enfrentadas a ellos, ideológicamente o en la concepción territorial estatal, todas las demás fuerzas políticas, que, en conjunto, representan a más pueblo soberano.
Recapitulemos: ¿no estábamos, todas y todos, hartos de la desafección y la corrupción políticas?; ¿muy preocupados por la pérdida generalizada de los servicios públicos y la suficiencia económica?; ¿no eran impostergables una actualización constitucional y una profundización democrática? Pues, eso se lleva a cabo con un gobierno con responsabilidad social y orientado a la regeneración institucional que facilite un profundo y sosegado diálogo para mejorar los fundamentos de nuestra democracia, mientras pone coto a las nefastas leyes que se han ido imponiendo, empezando por la impropia Ley Electoral.
Hay diputadas y diputados de sobra para formarlo. Cuidado con lo que se desea… que, a veces, se consigue.
