Como puede leerse en cualquier manual de economía del desarrollo, las comunicaciones y el transporte son elementos básicos, sin los cuales es prácticamente imposible establecer vínculos estables que potencien el intercambio de bienes y servicios que mejoren el nivel de vida de sus habitantes. Es por eso que, en todos los gobiernos, existe siempre la cartera de transportes y la de fomento que impulsan las infraestructuras y servicios que lo hacen posible.
Dice el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y a mi entender dice muy bien, que “la movilidad de mercancías y personas es básica para el bienestar, el desarrollo económico y la igualdad entre los habitantes de los distintos territorios que conforman Canarias. Y a su mejora debe contribuir tanto el Estado como el Gobierno de Canarias”. Sólo repite lo que dicen los manuales, aplicándolo a nuestras islas.
Pero eso es recordado ahora, en vísperas de una probable campaña electoral, para justificar el reclamar más subvenciones generalistas para un sector de la población, en este caso la minoría que vuela con mucha frecuencia entre islas, aunque sea percibido como una necesidad generalizada. Es un vicio general de todos los políticos exigir más gasto, es decir más impuestos a todos los españoles, para sufragar presuntas desigualdades o agravios comparativos que, como mínimo, son discutibles y controvertidos. Como ejemplos ilustrativos, la querencia estrambótica de ciertos políticos por implantar un tren, como en Santa Marta que no tiene tranvía, o el reclamar la construcción de una nueva pista en el Aeropuerto de Gran Canaria. Y para no ser menos gastones, otra en el Reina Sofía.
Por pedir, mientras paguen otros y hayan contrataciones públicas con sus habituales costes y sobrecostes, bendito sea el Achamán nacionalista. “To pal pueblo” clamó demagógicamente Alfonso Guerra cuando la expropiación, robo para muchos, de Rumasa. Tal generosidad predicada para las gentes, como hoy la proclama Podemos también para el pueblo que sufre, acabó costando miles de millones a los españoles y beneficios para unos pocos amigos de aquellos socialistas disfrazados con trajes de pana. El manido guión se repite una y otra vez.
Y como suenan tiempos electorales, Román Rodríguez ha vuelto a sacar a la palestra la idea de implantar por decreto, no por mecanismos de oferta y demanda, una tarifa aérea plana para volar entre islas, un precio único como en los bufé se vaya a donde se vaya. En mayo de 2015 fijó esa tarifa en 65 euros por ser la de referencia entre Gran Canaria y Tenerife. Por ser esta conexión aérea donde se concentra la mayor parte del tráfico, precisamente por eso es la más barata, es difícil deducir como deduce que tal medida “contribuya a un abaratamiento significativo del precio de los billetes”. No para todos, en realidad sólo para una minoría.
Como siempre, perdido en medio del texto de la propuesta y nunca en los titulares, se valora el coste inicial de tal medida en 40 millones de euros, a sufragar a partes iguales por el Ministerio de Fomento y el Gobierno Autónomo, 20 millones cada uno. Eso sin contar las bonificaciones del 50% en el precio de los billetes a los residentes canarios. En realidad se trata de imponer a los ciudadanos una nueva carga recaudada vía impuestos, porque Fomento y Gobierno de Canarias sólo gastan el dinero que les da Hacienda, y Hacienda somos todos a pesar de la insólita afirmación de la fiscal del caso Nóos, en sentido contrario.
El Ejecutivo regional, exponiéndose a la ira de los viajeros por avión de algunas islas, descarta asumir este coste apelando a la “realidad social” en el Archipiélago. Es de suponer que se refiere a las necesidades sociales básicas que se podrían paliar con esos 20 millones de euros iniciales, no a la evidencia de irracionalidad económica que supone la aprobación de una importante subvención para financiar la diferencia de precios para volar entre islas, que digan lo que digan es beneficio para unos pocos. Si es verdad como dicen, y lo dicen continuamente, que la gente está pasando muchas estrecheces, no estarán entre sus prioridades viajar de un extremo a otro del Archipiélago. Salvo que sean políticos o asimilados.
