La situación de indefensión en la que se encuentra Canarias ante la llegada incesante de inmigrantes a nuestras costas es absolutamente insostenible. Nadie nos puede dar lecciones de tolerancia y solidaridad a los canarios. Hemos sido un pueblo emigrante y, por lo tanto, hemos sufrido el dolor, la soledad, la incertidumbre y el miedo que se siente al abandonar el entorno en el que nacimos y vernos obligados a emprender un viaje a lo desconocido.
Nuestra proximidad al continente africano nos hace protagonistas principales de todos aquellos que buscan llegar a Europa a través del puente que forman nuestras islas con la UE. El incremento de los controles que se llevan a cabo en las aguas que separan el norte de África con el sur de Europa y la fragilidad y permisividad de los que se realizan en el Atlántico Medio, entre nuestro Archipiélago y las costas de Marruecos, Mauritania y Senegal, nos ha colocado en una situación límite.
En la medida en la que las mafias que trafican con las personas han ido descubriendo la vulnerabilidad e indefensión de nuestras fronteras marítimas y terrestres, el número de llegadas crece incesantemente. La situación general en el Archipiélago es dramática y la de la Isla de El Hierro de emergencia.
Canarias ha dado un paso al frente para asumir nuestro compromiso con lo que significa el drama migratorio y aceptar que nos corresponde atender aproximadamente al porcentaje de lo que significa nuestra población en relación con la estatal. Aproximadamente, un 4%. La derivación de los adultos que llegan debe ser inmediata. La solución no pasa por construir nuevos centros de retención, ni por ampliar los existentes; la solución, con respecto a los adultos, es la derivación inmediata.
Las organizaciones mafiosas han encontrado para su propaganda un gancho haciendo protagonistas de su desalmado negocio a los menores. La obligatoriedad que tienen las autonomías de acoger, formar e integrar a los menores no acompañados que llegan a nuestras costas forma parte de la normativa actual.
Canarias acoge, cuida, educa, forma y tiene que integrar a más de cinco mil menores no acompañados que tenemos en las islas actualmente. Una misión imposible por falta de medios de todo tipo. El ritmo con el que están llegando los menores a través del mar es muy superior a las capacidades que tienen nuestras Islas Lo razonable es que los menores no acompañados que llegan a nuestras costas sean distribuidos proporcionalmente a la población de cada una de las autonomías que conforman el Estado, con ello se facilitaría su integración social. Es más fácil conseguir su integración si Canarias atiende a 200 en lugar de 5.000; si Madrid acoge 350 que a ninguno, como está sucediendo, o si Galicia atiende 150 en lugar de observar desde la lejanía el drama que se vive en el Archipiélago con los menores que llegan a las islas.
Lo que dice la lógica y el sentido común no lo dicen las leyes y, por ello, hay que modificarlas. En situaciones de emergencia como la que están viviendo nuestras Islas con respecto a la inmigración, las respuestas legales deben ser también planteadas desde la emergencia que exige la situación. El Gobierno de España tiene instrumentos legales en sus manos para dictar un decreto-ley que obligue al reparto de los menores no acompañados que llegan a través del mar en proporción a la población de cada una de las autonomías o, en su caso, cualquier otro criterio objetivo que garantice la equidad en el reparto. No hay ninguna excusa para que el Gobierno de España siga dilatando el empleo de medidas excepcionales para atender una situación excepcional que están viviendo nuestras Islas ante el drama migratorio.
La relajación en las medidas de control en origen ha favorecido el negocio de tráfico de personas que tienen la mafias. Ante la gravedad de la situación el presidente del Gobierno de España y la presidenta de la Comisión Europea han presentado en Mauritania un plan de apoyo para recuperar unas medidas de control en origen que funcionaban razonablemente bien y que la desidia institucional arruinó. Esperemos que la desidia que hasta ahora han tenido los gobiernos españoles y los partidos políticos estatales no les impida compartir la necesidad de adoptar medidas excepcionales ante la gravedad de lo que está sucediendo en Canarias derivado del fenómeno migratorio
