El fundador del proyecto “Canarias, 1.500 km de costa”, Sebastián Quintana Galván, asegura que el objetivo de esta iniciativa es “prevenir la primera causa de muerte en Canarias” que, a diferencia de lo que la mayoría de los ciudadanos piensan, no son los accidentes de tráfico, sino los ahogamientos. Según las cifras, en 2022 hubo 74 fallecimientos por esta causa, frente a los 49 que tuvieron lugar en las carreteras Canarias.
Su fundador, primer y único canario miembro de la junta directiva de la Asociación Bandera Azul España, organización fundada en 1985 y que en España pertenece a la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) afirma que “es un honor representar a nuestra tierra en esta asociación mundial” cuyo objetivo primordial es reducir esas cifras de fallecidos, ya que “en la mayoría de las ocasiones son accidentes que se pueden evitar”.
De hecho, según Quintana Galván, “8 de cada 10 ahogamiento son hombres que, incluso existiendo la prohibición de sumergirse al agua, se creen invencibles y lo hacen”. En este sentido y sobre la existencia de una legislación que sancionara precisamente a estas personas imprudentes que ponen en riesgo su vida, pero también la de otros, comenta “hay ayuntamientos que tienen registradas sanciones económicas y yo soy partidario de hacerlas públicas, para que los turistas y, por supuesto, los residentes sepan que meterse en el agua con una bandera roja puede suponer una pena económica, servirían como sanciones disuasorias”.
Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el litoral canario a la hora de garantizar precisamente esa seguridad en las playas es la falta de socorristas. “Para cumplir la legislación vigente, harían falta entre 1.000 y 1.500 socorristas más”, declara el promotor de “Canarias, 1.500 km de costa “. Además, añade que, en este sentido, San Bartolomé de Tirajana es uno de los municipios más avanzados.
Sobre el argumento que algunas administraciones utilizan de que “no va tanta gente como para necesitar un socorrista”, Sebastián Quintana Galván se muestra tajante “tenemos 750 puntos en nuestro litoral donde te puedes bañar, de los cuales 330, debido a su afluencia, están obligados a tener un plan de seguridad y salvamento, cada playa con su particularidad porque hay playas naturales, de piedra, de más difícil acceso, otras con mayor marejada…, pero en el resto, también es necesario advertir del peligro. Poner un cartel en español, inglés y alemán cuesta 75 euros y eso es un coste muy bajo para las vidas que puede salvar”.
En este sentido, ha querido hacer referencia a la indemnización de 240.000 euros que el ayuntamiento de La Oliva, al norte de Fuerteventura, deberá pagar a la familia del surfista que ha fallecido recientemente al salvar a una bañista que se estaba ahogando en una zona que no disponía de ninguna señalética, avisando del peligro. “La señalización exime a las corporaciones locales de toda responsabilidad, porque si tú avisas del peligro, la responsabilidad es de quién decide meterse en el agua. Por eso, cuando muchos ayuntamientos me dicen que no tienen presupuesto para gastar, siempre respondo lo mismo. No es gastar, es invertir y una vida humana no tiene precio”.