El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucia ha mostrado su respeto a la resolución judicial del Contencioso Administrativo número 6, que considera que en la selección de las personas para el Plan de Empleo Covid del Cabildo de Gran Canaria, hubo “absoluta opacidad” y una “parcial preselección”. El Grupo de Gobierno aclara que “cumplimos los procedimientos porque en este caso no se exigían informes sociales para demostrar la vulnerabilidad de las personas candidatas, se exigía que fueran desempleados del municipio, y cumplimos esos requisitos, pasando el filtro del Servicio Canario de Empleo y de las bases de la convocatoria”.
La concejala de Desarrollo Local y Desarrollo Económico, Ana Gopar, declara que “hay que tener en cuenta que durante el confinamiento estaban cerradas las oficinas municipales, y había que cumplir unos plazos, si realizábamos una convocatoria pública corríamos el riesgo de perder la subvención si no cumplíamos los plazos”. La edil recuerda que la convocatoria la “realizó el Cabildo a finales de abril, en pleno estado de alarma por la pandemia, y gracias a que cumplimos los plazos ya en agosto estaban trabajando esas 26 personas desempleadas de nuestro municipio”.
La edil santaluceña mostró “nuestro respeto a la resolución judicial, pero no estamos ante una convocatoria de empleo público municipal en la que deben concurrir los principios de igualdad, méritos, capacidad y publicidad, lo que se convoca es una subvención por parte del Cabildo con unos plazos perentorios, porque se intenta combatir la situación de desempleo que se había agravado por la pandemia”. El Grupo de Gobierno recuerda que el Contencioso Administrativo número 6 dio la razón “parcialmente” a la denuncia interpuesta por Agrupación de Vecinos.
