El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, consideró hoy que el Estado tiene margen de maniobra para modificar la Ley de Estabilidad Financiera y flexibilizar la regla de gasto, e insistió en que el Ejecutivo canario trabajará desde esa convicción.
Rodríguez explicó en el Parlamento canario que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a crear un grupo de trabajo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera para permitir a las administraciones cumplidoras -comunidades autónomas y corporaciones locales- de las normas fiscales que utilicen el superávit acumulado en sus cuentas para el gasto en servicios públicos o infraestructuras. En la actualidad, ese dinero solo se puede usar para amortizar deuda o para inversiones financieramente sostenibles.
Rodríguez señaló, en cualquier caso, que el Gobierno de Canarias trabajará en la búsqueda de los mecanismos que permitan flexibilizar la regla de gasto, un condicionante de las cuentas públicas “que siempre he criticado, aun cuando durante la crisis económica pudiera haber tenido cierta justificación”.
“No es el caso actual -continuó el vicepresidente- cuando el 85 por ciento de las administraciones locales españoles tienen superávit desde el año 2014 y cinco comunidades autónomas también”.
En Canarias las administraciones públicas han llegado a acumular 5.000 millones de euros en superávit, mientras que las corporaciones locales en el conjunto de España han acumulado 5.000 millones.
Rodríguez recordó que la regla de gasto ha sido “una espada de Damocles” para todas las administraciones públicas y que “ahora mismo no tienen ningún sentido”.
El vicepresidente también se refirió a la modificación del sistema de Financiación Autonómica, otras de las demandas planteadas por Canarias en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Rodríguez indicó a este respecto que Canarias defiende el mantenimiento de su estatus, si bien alertó de que la modificación no podrá concretarse “si solo se habla del reparto del gasto y no de los ingresos”.
En este sentido, el Archipiélago exigirá que no se rebajen los recursos fiscales del REF en la negociación para la reforma del sistema, además de que “serán necesarios recursos adicionales”.
“Desde el Gobierno de Canarias confiamos en que las comunidades autónomas acudan a esa negociación con la mejor de las actitudes para lograr cerrar un nuevo modelo que sea justo, duradero, solidario y que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos”, dijo.
Desde la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos se ha reclamado, por un lado, que Canarias mantenga su posición actual y, por otro lado, añadir más recursos económicos y margen normativo para fortalecer los servicios públicos e impulsar las infraestructuras pendientes en el Archipiélago.
“No hay que olvidar que la financiación autonómica es clave para la articulación del Estado, en la medida que permite a las comunidades desarrollar sus competencias, siempre que existan los recursos financieros que lo hagan posible. Para ello -continuó el vicepresidente- se precisará del esfuerzo de todos para llegar a un acuerdo en la negociación, especialmente en materia fiscal. Si solo hablamos del reparto del gasto consolidado y no de esfuerzo fiscal o de ingresos, no podremos cerrar ese círculo.
