La presente legislatura ha estado marcada por el enfrentamiento permanente entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo estatal. Y, con mayor precisión, por la confrontación que han mantenido el titular del Gobierno canario, Paulino Rivero, y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, con muy negativas consecuencias para nuestra comunidad.
La discrepancia es consustancial a la actividad política. Ante los más diversos temas se pueden y deben plantear las diferentes propuestas desde las particulares ópticas de cada partido. Es completamente legítimo que sea así. Pero es imprescindible también la lealtad institucional, así como la búsqueda de la cooperación y del entendimiento, máxime cuando se ejercen relevantes responsabilidades, como sucede en el caso que nos ocupa.
El enfrentamiento Canarias-Madrid, o si lo prefieren Rivero-Soria, ha atravesado desde finales de 2011 todos los asuntos, desde las bonificaciones a las tasas aéreas a las primas a las energías renovables, pasando por la reforma del Estatuto de Autonomía, las cuentas públicas estatales, el Régimen Económico y Fiscal y la financiación autonómica.
Cierto es que, en buena parte de esos asuntos, ha sido el Gobierno central el que ha tomado decisiones sin escuchar a Canarias o perjudicando claramente los intereses de esta comunidad. Como ha sucedido, de manera especial, con el castigo recibido en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, 2013 y 2014, reduciendo las inversiones y eliminando el plan de empleo en un territorio con el 34% de paro
O llevando el Estado al Constitucional la ley turística canaria, como decidió el pasado viernes el Consejo de Ministros. Pero no es menos cierto que esa actitud autoritaria y profundamente centralista se reproduce en esta tierra cuando el Gobierno canario impone, sin evaluación y sin consenso, una ley turística que no atiende las legítimas reivindicaciones de los cabildos; o cuando en el Parlamento se retrasa, con el rodillo de CC y PSOE, la discusión de la propuesta legislativa del Cabildo de Gran Canaria para que se respete su plan insular y su modelo de crecimiento sostenible.
Algo similar sucede cuando se insiste en mantener un sistema electoral con barreras profundamente antidemocráticas y con una escasa proporcionalidad; o cuando se olvida la atención a los que peor lo pasan, conformándose con un plan contra la pobreza de muy escaso impacto.
Prospecciones
Otro escenario de enfrentamiento ha sido el de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. El Gobierno central se ha negado sistemáticamente a tener en cuenta la opinión de las instituciones canarias, de su Gobierno, de su Parlamento o de los cabildos insulares, en un asunto trascendente que afecta a su medioambiente y al futuro de su modelo económico, centrado en el sector turístico.
En ese marco, el Gobierno de Canarias ha decidido impulsar una consulta popular sobre las prospecciones, que desde Nueva Canarias apoyamos; por convicciones democráticas y porque estamos convencidos de que el Archipiélago reúne las mejores condiciones para que su futuro pase por las energías renovables, en las que hoy padecemos un retraso injustificable.
Pero la consulta deja al desnudo las profundas contradicciones del Gobierno de CC y PSOE. El discurso presuntamente medioambientalista de Rivero, su rechazo a los riesgos del petróleo y su canto a los bondades de las energías limpias, así como la voluntad de contar con la opinión ciudadana, casan bien poco con la práctica de su Gobierno y de los grupos parlamentarios que le prestan su apoyo.
El último ejemplo lo tenemos con el decretazo que está elaborando para la implantación del gas en Canarias. A través de las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE), el mismo Gobierno que rechaza el petróleo muestra su total apuesta por el gas, un combustible fósil, contaminante y que genera dependencia exterior. Lo hace, además, con escasa participación ciudadana y relegando a las energías renovables a la mínima expresión.
“No al petróleo, sí al gas. Referéndum para el petróleo, decretazo con el gas”. Este parece ser el lema del Gobierno. Resulta paradójico que reclamen que los canarios puedan opinar sobre las prospecciones petrolíferas y, en cambio, con el gas procedan a quitarle capacidad a los cabildos y a los ayuntamientos, recentralizando el poder de decisión en manos del Ejecutivo. Eso sí, hay que reconocer que, entre tantas discrepancias, la implantación del gas, sin consulta a la ciudadanía, pasando por encima de las corporaciones locales, une a Soria y a Rivero desde hace muchos años.
Queda poco más de un año de legislatura. Y mientras continúa la confrontación entre los dos gobiernos, Canarias aparece a la cabeza del desempleo y de la pobreza; y a la cola en los servicios públicos y en el desarrollo de las energías renovables. Una situación de profundo deterioro económico y social a la que contribuyen, con sus políticas, el Gobierno central y el Ejecutivo canario.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
