A la hora de escribir este artículo es una tarea que raya lo imposible augurar el futuro que está abriendo el momento político que estamos viviendo. A raíz de las elecciones de generales del pasado 28 de abril, y especialmente después de las elecciones locales y autonómicas celebradas el 26 de mayo, el universo político está patas arriba. Es verdad que con la constitución de las corporaciones locales el panorama empieza a clarear, pero por delante tenemos la conformación de mayorías en cabildos y en el Parlamento de Canarias.
Queda muchísima tela por cortar.
Mucho se ha hablado de los llamados pactos en cascada, es decir, de los acuerdos que vinculaban a la mayoría que pactaba para gobernar Canarias los pactos de los cabildos y de los ayuntamientos. Eran complejos de gestionar, sobre todos en los cabildos de las islas menos pobladas y en municipios de pequeña o mediana entidad. Este tipo de acuerdos que vinculaban lo archipielágico con lo insular y lo local exigían una gran implicación de las formaciones políticas, para que sus integrantes cumplieran disciplinadamente con los acuerdos alcanzados. Con las excepciones correspondientes, se producía una cierta coherencia en los acuerdos de gobernabilidad que se alcanzaban -aunque cierto es que la rigidez de los pactos en cascada generaba en ocasiones fuertes tensiones entre los intereses partidarios en municipios, islas o en el ámbito autonómico-.
Desde hace unos años todos los partidos han echado pestes de los pactos que encadenaban los acuerdos de gobierno en los tres niveles de la Administración canaria. Todos preconizaban un sistema de pactos que no vinculara lo que ocurriera en el Parlamento con lo que sucediera en cabildos y ayuntamientos. Pero, visto lo visto estas semanas, el resultado del ´manos libres´ ha resultado esperpéntico.
Los acuerdos que se han fraguado -y los que quedan por cerrarse- para gobernar en Canarias, en las islas y en los municipios se han basado más en echar al que estaba que en la coherencia ideológica y programática, circunstancia que nos sitúa en la antesala de la frustración creciente de los votantes, al comprobar que no se corresponde lo que mayoritariamente ellos han decidido con los gobiernos que se articulan -en el ámbito municipal parece que lo más acertado sería modificar la Ley Electoral para que cuando no se producen mayorías absolutas haya un segunda vuelta en la que compitan los dos que han obtenido mejor resultado-.
En esta ocasión, los partidos han permitido -en algunos casos han alentado- libertad de movimientos para que sus representantes en ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias consiguieran las mayores cuotas de poder restando importancia a quién o quiénes serán los socios para alcanzar el poder. El miércoles pasado los partidos tuvieron que empezar a reaccionar al comprobar que la guerra abierta, este todos contra todos con el único objetivo de obtener el poder, estaba abriendo una brecha gigantesca en la relación partidaria, que ponía en riesgo el entendimiento para gobernar Canarias .
La respuesta de los partidos ha sido tardía y forzada; dar la vuelta a los acuerdos que se habían alcanzado para gobernar en algunos ayuntamientos y cabildos, tenía -y tiene- una gran complejidad. Más de uno se habrá desmarcado -y se desmarcará- de las directrices emanadas de su partido. Se abrirán expedientes y se amenazará con la expulsión a los disidentes; pero no pasará nada, sólo perderá el que ha sido sacado del poder. En aquellos casos en los que se imponga la disciplina del partido contra la voluntad de los acuerdos alcanzados con otras fuerzas para gobernar en ayuntamientos y cabildos, el problema de fondo seguirá latente y no sorprenderá que la moción de censura se convierta en un poderoso instrumento para recuperar los acuerdos -ahora interferídos- por la intervención tardía de las direcciones de los partidos.
