El Partido Popular ha puesto sobre la mesa del debate político un “paquete de regeneración” con el que supuestamente pretende, a través de diversas reformas legales, el reforzamiento del sistema democrático. Se trata de un conjunto de medidas –algunas de nuevo cuño y otras ya aprobadas- que aspiran a congraciar al ciudadano con la política y con los que se dedican a ella. En paralelo, la nueva dirección socialista también ha anunciado varias propuestas de reformas legales, fundamentalmente vinculadas al funcionamiento de los partidos políticos.
No siendo posible valorar con detalle la propuesta anunciada por el PP, puesto que la inconcreción en la que se refugian los populares no lo permite, sí cabe decir –cómo así vengo reivindicándolo desde hace meses- que es necesario afrontar una agenda de cambios; eso sí, siempre y cuando esa agenda para la regeneración no esconda, como finalidad primera y última, dar respuesta a la necesidad del PP de solventar sus preocupaciones electorales.
En España el desapego de la ciudadanía con las instituciones democráticas obliga a un esfuerzo de todos los que ahora mismo desempeñan responsabilidades públicas u orgánicas para cambiar el signo de las cosas. No obstante, esas reformas habrán de ser ambiciosas, sinceras y profundas.
Ambiciosas, porque no deben ser concebidas como un lavado de cara que equivalga a cambiar todo para que no cambie nada; sinceras, porque deben nacer de una voluntad inequívoca de mejora del funcionamiento del sistema democrático, más allá de intereses partidistas de tipo coyuntural; y profundas, porque han de concernir a todas aquellas normas o leyes que sean precisas, sin descartar a la propia Constitución española.
En esa dirección, si las propuestas de regeneración van en serio, éstas habrán de incorporar necesariamente la revisión de la Carta Magna. Si queremos que la ciudadanía vuelva a considerar como suya la Constitución –tal y como ocurrió durante la Transición- debemos ponerla al día; sólo así estaremos en disposición de garantizar la pluralidad, la solidaridad territorial y la justicia social; sólo así podremos contribuir a la consolidación de una democracia más participativa, directa y transparente.
Dicho de otra manera, cualquier intento de regeneración democrática –por bienintencionado que sea- será en vano si no incluye una reforma de la Constitución.
El Estado precisa de nuevas herramientas que permitan la convivencia fructífera de los distintos territorios que lo conforman. Desde el respeto a los procedimientos reglados, desde la lealtad institucional y de acuerdo con los mecanismos constitucionalmente establecidos, es posible avanzar hacia ese nuevo escenario, del que todos participemos y en el que todos tengamos cabida.
Canarias no renuncia a una reforma profunda de la Constitución que nos permita encarar los próximos años con garantías constitucionales sobre nuestro Régimen Económico y Fiscal o que nos dote de las herramientas precisas para gestionar nuestros propios asuntos.
En ese sentido, saludaremos cuantas iniciativas contribuyan a cimentar un cambio profundo en el sistema democrático y, consecuentemente, rechazaremos aquellas otras que solo pretendan poner parches al mismo.
