El Parlamento canario acaba de ratificar unánimemente las modificaciones en la parte fiscal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Desde Nueva Canarias (NC), hemos mostrado nuestro apoyo porque consideramos que supone un avance. Pero ello no nos impide señalar algunas insuficiencias y destacar que no se puede mitificar su efecto en la economía y en el empleo del Archipiélago.
En primer lugar, hemos sido críticos con el procedimiento. No parece de recibo que los grupos parlamentarios nos hayamos enterado de los contenidos del texto por su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Como tampoco compartimos la falta de participación y debate en su proceso de elaboración y el escaso conocimiento que la sociedad canaria tiene sobre esta relevante ley.
Considero negativo, asimismo, que la renovación del REF no fuera acompañada de una evaluación que permitiera conocer su impacto en el último período. Es cierto que todo apunta a que ha contribuido a capitalizar la economía canaria. Pero no a su diversificación: continuamos con una alta concentración (la más alta del Estado junto a Baleares) en unas pocas actividades productivas. Y tampoco, evidentemente, al empleo al terminar 2014 por encima del 32% de parados de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Como he señalado en distintas ocasiones, no sólo no hubo evaluación sino que el debate quedó limitado a una comparecencia del Gobierno canario en el Parlamento, el 14 de febrero de 2012, después de que NC insistiera en la necesidad de constituir una comisión de trabajo sobre un asunto tan relevante para Canarias; y, cinco meses después, a la aprobación de una resolución que sirvió como referencia a la negociación con Madrid y Bruselas.
RIC y empleo
En relación a sus contenidos, en primer lugar considero muy positivo que la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) se pueda dirigir, hasta la mitad de sus recursos, a la creación directa de empleo. Lo que supone un cambio sustancial respecto al modelo hasta ahora vigente.
Asimismo, compartimos los cambios respecto a la Deducción por Inversiones de Canarias (DIC). Entre ellos, el incremento de las deducciones para actividades de innovación y, asimismo, las que atañen a la realización de producciones cinematográficas en las Islas.
Aunque mantenemos nuestra reservas sobre la inversión de activos en el exterior. Por dos razones, primero porque es difícil de explicar a la sociedad canaria que nuestro ahorro fiscal se utiliza para invertir en el extranjero, más aún en una coyuntura económica y social tan dura. Y, segundo, porque es complicado garantizar el adecuado control fiscal fuera de nuestros límites territoriales.
En cuanto a la Zona Especial Canaria (ZEC) valoro que se pueda aplicar en ella la RIC, así como el aumento del listado de actividades potenciales, la flexibilización en relación a las bases imponibles y el empleo y, también, que se pueda extender a todo el territorio del Archipiélago, salvo la zona franca.
Conviene recordar que la mayoría de los incentivos fiscales del REF suponen reducciones sobre el Impuesto de Sociedades, que es de titularidad estatal y que, con las rebajas que suponen la reserva de inversiones, la DIC y la ZEC; se quedarán en Canarias cientos de millones de euros.
Sin embargo, el elemento más novedoso de la propuesta de renovación del REF emanada del Parlamento canario no ha sido aceptado. Me refiero a la posibilidad de bonificar temporalmente los costes de la Seguridad Social de las pequeñas y medianas empresas hasta que Canarias se acercara a la media de desempleo española y europea.
Por otra parte, insistí en el debate parlamentario de la ratificación en que no se debe mitificar el alcance del REF. Los problemas de la economía canaria, de su estructura de producción, de su escasa diversificación y de su baja generación de empleo no los va resolver el renovado REF fiscal.
En una situación ideal colaboraría en la generación de 4.000 o 5.000 empleos anuales. Positivo impacto pero muy insuficiente en un territorio con más de 350.000 desempleados. Se precisan cambios mucho más profundos y nuevas políticas económicas si queremos transformar esta dura realidad. Lo que pasa por la puesta en marcha de un verdadero plan especial para Canarias.
REF económico
También reiteré en la Cámara la trascendencia del ‘otro’ REF, el económico. El que posibilita las compensaciones a Canarias como consecuencia de su insularidad y lejanía. El que afecta a la financiación del sobrecoste de nuestro sistema eléctrico, las subvenciones al transporte de personas y de mercancías o a la desalación de agua. Determinantes para que los canarios podamos estar en condiciones similares a los ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado. Un REF económico insuficientemente atendido en los distintos presupuestos generales del Estado, sea la autoría del PP o sea del PSOE.
Como ocurre también con el compromiso, reconocido en el artículo 96 del REF, para que Canarias obtenga, al menos, la media de inversiones en infraestructuras, algo incumplido sistemáticamente en las cuentas públicas estatales.
El REF se mueve, como ven, entre el mito y la realidad. Un instrumento positivo que, de manera limitada, puede colaborar en la mejora de la economía y del empleo, pero que no solventa nuestros grandes déficit, que nos siguen colocando en los lugares de cola del Estado, con altos índices de desempleo y pobreza. Un instrumento que, además, precisa ser blindado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para evitar los flagrantes ninguneos por parte de los diferentes ejecutivos españoles, que han supuesto a Canarias la pérdida de sustanciosos recursos económicos.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
