Junto al incremento del desempleo y la pobreza, las políticas neoliberales frente a la crisis han supuesto, también, un ataque a los servicios públicos, que han visto reducidos drásticamente su presupuesto y su personal. Lo que ha tenido enormes consecuencias en la sanidad, la educación y los servicios sociales, deteriorando la cohesión social y reduciendo los niveles de equidad.
A lo largo de esta legislatura, nuestras enmiendas a la totalidad y parciales a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (PGCAC) de 2012, 2013, 2014 y 2015, así como a la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales (2012) y a la Ley de Crédito Extraordinario al PGCAC de 2013, han ido destinadas a incrementar las partidas de ingresos para poder elevar la financiación de estos servicios y políticas públicas. El resto de los grupos prefirió la senda de la austeridad neoliberal que ha profundizado el deterioro de lo público y contribuido a que la sociedad canaria sea hoy mucho más desigual e injusta.
La financiación autonómica que padecemos, gracias al acuerdo del PSOE estatal con el Gobierno de CC y PP en 2009, hace que Canarias se encuentre 800 millones de euros anuales por debajo de la media estatal. Circunstancia que, junto a la orientación de extrema austeridad de las políticas económicas, ha sido determinante en la descapitalización de la sanidad o la educación, con graves consecuencias para estos fundamentales servicios públicos.
Estas políticas impuestas desde el Gobierno del PP, y asumidas acríticamente por el Gobierno canario de CC-PSOE, han supuesto la desaparición de miles de puestos de trabajo como consecuencia de las restricciones presupuestarias y de las inaceptables tasas de reposición de los trabajadores públicos.
Esto implica no sólo una pérdida importantísima de recursos humanos cualificados sino un deterioro profundo de los grandes servicios públicos que ven reducirse sus plantillas y empeorar las condiciones de trabajo de sus profesionales, dificultando que puedan desarrollar sus tareas con eficacia. Además, una dimensión de los grandes servicios públicos es su capacidad de generar empleo de cualificación media y alta, un empleo decisivo para dar respuesta a la demanda ciudadana en servicios públicos y la cohesión social, así como para evitar una mayor caída de los niveles de consumo.
Educación
En el caso de la educación, para poder alcanzar resultados similares a los países de nuestro entorno, debemos incrementar los presupuestos a niveles equivalentes a la inversión media europea, aumentando progresivamente el gasto educativo público para que alcance, al menos, el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) canario.
Entre los objetivos esenciales para la legislatura próxima se encuentran garantizar la calidad del servicio público educativo, implantando el bilingüismo e incrementando las nuevas tecnologías; impulsar el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad; apostar por la educación infantil de 0 a 3 años; dar respuesta a las demandas en Formación Profesional; y defender un modelo de universitario comprometido con el desarrollo social, cultural, educativo y económico de Canarias.
Sanidad
En los últimos ocho años hemos asistido a la desidia del Gobierno de Canarias para hacer frente a los problemas de desarrollo y gestión de la sanidad. Lo que ha llevado al desbordamiento de los servicios de urgencia, a inaceptables tiempos de espera para las primeras consultas especializadas y para la realización de pruebas diagnósticas o quirúrgicas, así como a la paralización de las obras de los hospitales en construcción.
La crisis que padece la sanidad canaria es superable financiándola adecuadamente, para que disponga de los recursos humanos y materiales que precisa. Recuperando los más de 400 millones de euros recortados en los últimos cinco años, así como implementando un plan de salud con suficiente ficha financiera, consensuado entre los profesionales, las organizaciones de usuarios y las formaciones políticas; un plan que plantee estrategias y reoriente los recursos a las necesidades de salud de la población.
Impulsando la atención domiciliaria aprovechando el aporte de las nuevas tecnologías. Integrando la atención primaria y la especializada. Potenciando los servicios sociales y sociosanitarios y rompiendo con la desconexión entre estos y el sistema sanitario. Y con una gestión más profesional y participativa.
Servicios sociales
Es necesario incrementar sustancialmente el esfuerzo presupuestario para dar respuesta al deterioro socioeconómico y la fractura social que afecta a un tercio de la población canaria. Nueva Canarias (NC) ha propuesto un Plan Canario contra la Pobreza, que debe incidir inicialmente sobre los más de 47.000 hogares canarios que no perciben ningún ingreso. Con políticas coordinadas y recursos del Estado, del sistema de la Seguridad Social y de Canarias, que posibiliten actuar con urgencia sobre la población más desfavorecida y excluida a través de una propuesta de prestación económica básica para este colectivo.
Se precisa, igualmente, una nueva Ley Canaria de Servicios Sociales para dar respuesta a los nuevos retos planteados en esta materia, estableciendo las estructuras, los recursos y las competencias de las distintas administraciones, atendiendo al principio general de descentralización de los servicios.
Los retos de la educación, la sanidad y los servicios sociales no se resuelven bajando las cotizaciones a la Seguridad Social (sobre la que Canarias no tiene la más mínima competencia) o reduciendo el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC). Para que nuestros servicios públicos avancen se precisa suficiencia financiera. Y eso se consigue con una fiscalidad progresiva y justa, persiguiendo el fraude fiscal y logrando una adecuada financiación autonómica, exigiendo un trato justo a Canarias en los Presupuestos Generales del Estado y el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) económico.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
