Las consecuencias sociales y económicas que trajo la crisis que padeció Occidente -entre finales del 2007 y los albores del 2015- produjo un gravísimo deterioro de la calidad de vida de la gente, familias y economías domésticas que en muchos casos aún no se han podido recuperar. Los países del sur de Europa con economías más vulnerables -entre ellos España- vieron cómo crecía el desempleo desenfrenadamente, se deterioraban sus servicios públicos, decenas de miles de familias perdían sus casas al no poder hacer frente a las hipotecas contraídas o, entre otras consecuencias, cómo se derrumbaba una buena parte de la clase media española que hasta ese momento aportaba riqueza al país. El deterioro de la economía, y la consiguiente pérdida de bienestar y calidad de vida, tuvo reflejo inmediato en la política: en las elecciones generales del 2015 los ciudadanos apostaron por mejorar, sanear y revitalizar nuestra democracia rompiendo el tradicional bipartidismo de los últimos cuarenta años.
El mensaje dejado por los ciudadanos en las urnas fue claro y contundente: el diálogo y el entendimiento debe ser el centro de la acción de gobierno. Aquel 28 de abril dejó unos resultados inéditos en esta ya larga etapa democrática; los partidos que habían sido ejes de los gobiernos precedentes -PP y PSOE- sufríeron un duro castigo, al tiempo que irrumpían con fuerza nuevas opciones como las que representaban Podemos y Ciudadanos.
El escrutinio de aquellas elecciones, que suponían un cambio de rumbo en la política española, reflejó una mayor pluralidad en la representación política en España: el PP obtuvo 123 escaños, el PSOE 90; Podemos 69 y Ciudadanos 40. Han transcurrido más de cuatro años y el mandato ciudadano no ha sido atendido por los partidos más representativos en el ámbito del Estado. La tozudez y el egocentrismo se han impuesto en este periodo al diálogo y al entendimiento.
A escasos días de que se cumpla el plazo reglamentario para investir a un presidente surgido del resultado de las elecciones de abril del presente año, todo apunta a que estamos ante un nuevo fracaso de la política. Una vez más los partidos están haciendo caso omiso al mandato de los ciudadanos y la táctica, la estrategia y los intereses partidarios se anteponen a los intereses generales del país y sus ciudadanos. Da la sensación de que tanto el PSOE como el PP están priorizando en sus estrategias cómo borrar del mapa a Unidas Podemos y a Ciudadanos, y bastante menos posibilitar un acuerdo de gobierno estable para España.
El escenario internacional dibuja una coyuntura poco favorable para mantener un crecimiento económico que ayude a superar pronto las secuelas que aún sufrimos de la última gran crisis. En un escenario de enfriamiento de la economía quienes primero lo van a sufrir son los países con economías más dependientes -como es el caso de España y particularmente Canarias-. Los partidos políticos deberían tener en cuenta las poco favorables perspectivas económicas que se dibujan en el horizonte y el efecto demoledor que éstas pueden tener en el bienestar de la gente. Aún sin haber superado la duras consecuencias dejadas por la larga crisis anterior, un nuevo retroceso en la calidad de vida de los ciudadanos pude tener unas consecuencias sociales impredecibles.
La crisis 2007-2015 hizo saltar por los aires el bipartidismo y abrió un nuevo horizonte de ilusión que poco a poco se ha ido apagando y transformándose en frustración.
Es difícil vaticinar cual podría ser la respuesta social a un nuevo retroceso de su bienestar mientras los partidos políticos se pierden en sus tácticas y estrategias, en las que impera el egocentrismo y el interés partidario por encima del interés general del país y de sus ciudadanos
