El debate sobre la necesidad de controlar el crecimiento de la población en nuestro Archipiélago aparece y desaparece de la actualidad política y social como la espuma en el mar. El oportunismo fuerza a partidos e instituciones a mantenerlo vivo, pero aún no hay una convicción firme de que estamos ante uno de los retos más importantes a abordar en los próximos años. De momento, ninguna fuerza política con representación parlamentaria lo ha asumido como bandera.
Es más, la excusa del alto precio de la vivienda en las Islas y su escasez fuerza a los gobiernos de las distintas administraciones a la adopción de medidas que, lejos de actuar como freno al crecimiento, lo acelera.
Con respecto al uso del territorio, en las Islas opera la cultura del todo o nada. Ya sucedió durante mucho tiempo respecto a la colonización de nuestras costas. A partir de los años 60, los asentamientos turísticos fueron imitados por los que aquí vivíamos y, con construcciones de diversas calidades, destrozamos buena parte de la extraordinaria belleza del litoral. Un movimiento imparable nos empujó hacia la costa, con apartamentos, viviendas, casetas, chabolas o cuevas. El objetivo era estar cerca del mar.
Colonizada buena parte del litoral, a finales de la década de los 80 empezamos a descubrir que la tranquilidad y la calidad de vida ya no estaba solo en la costa. Las medianías fueron el nuevo paraíso para vivir. Distintas leyes y normas impulsadas para ordenar el uso de nuestro territorio resultaron insuficientes para impedir que buena parte del suelo agrario y rústico se viera salpicado con construcciones desordenadas que, en buena parte, agredieron un paisaje rural hasta entonces salvaje.
El gran objetivo de muchas familias urbanitas, en las décadas de los 70 y los 80, era primeramente, tener un segundo alojamiento en la costa. Y cuando ésta empezó a perder su encanto por la masificación, comenzó el éxodo a las medianías. El resultado ha sido el castigo del paisaje y la dispersión desordenada de la población, con el consiguiente efecto en el encarecimiento de infraestructuras y servicios.
Por fortuna, la cultura sobre el uso de un territorio limitado y escaso, como el canario, ha ido impregnando en la gente. No hace mucho tiempo, la propiedad sobre un suelo era sinónimo de disposición de un solar para construir. Había que ejercer mucha pedagogía en los ambientes rurales para hacer entender las limitaciones que las normas urbanísticas fijaban sobre los usos del suelo, más allá del título de propiedad disponible.
Las limitaciones sobre el uso de un territorio escaso como es el de las Islas es una responsabilidad que todos debemos tener para garantizar un bienestar sostenible a las nuevas generaciones de canarios. Afortunadamente, hemos avanzado mucho en normativa y, sobre todo, en educación y concienciación.
Pero, sin embargo, no parece que estemos avanzando en la interpretación que hacen los aparatos funcionariales de las distintas administraciones sobre el uso del territorio y su correlación sobre la economía y el bienestar sostenible de los residentes.
Hay una idea que compartimos ciudadanos, empresarios, sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos, cabildos y gobierno sobre la necesidad de apostar, de manera decidida, por la diversificación de la economía canaria. Una mayoría social se decanta por el freno de la construcción de nuevos alojamientos turísticos. Se apuesta mayoritariamente por la renovación y recuperación de lo obsoleto y, excepcionalmente, por algo de mucha calidad. La apuesta por impulsar actividades sostenibles que ayuden a diversificar la economía está dejando de ser un deseo para convertirse en una exigencia. Pues bien, con ese escenario de fondo, cabría preguntarse sobre quiénes y por qué se frenan proyectos de equipamientos que cumplen perfectamente con los parámetros de calidad, complementariedad con la actividad turística y generación potencial de empleo.
Un buen ejercicio sería poner sobre la mesa los proyectos que duermen el sueño de los justos en las diferentes islas. En tal sentido, por lo publicado en los medios de comunicación, dos de estos proyectos llaman poderosamente la atención: el Siam Park, en el sur de Gran Canaria, y la Ciudad del Cine, en el sur de Tenerife.
La ejemplaridad, calidad y competitividad del primero en Tenerife goza de reconocimiento en todo el mundo. Aporta, sin duda, valor añadido a la actividad turística de la zona. Sin embargo, desde hace años, un proyecto similar espera por la licencia de un equipamiento que mejoraría la competitividad de la oferta turística de Gran Canaria. Todas las administraciones valoran la bondad del proyecto, pero la realidad es que lleva años parado.
La producción cinematográfica es una actividad que, asimismo, encaja a la perfección con la diversificación de la economía canaria, a tenor de los paisajes de las Islas, las horas de sol que disfrutamos y los incentivos fiscales de los que goza el Archipiélago. El cine deja dinero y genera puestos de trabajo. Pero, recientemente, el CEO de una importante productora denunciaba en los medios de comunicación que “muchos grandes rodajes se marchan fuera de Tenerife por la falta de infraestructuras”, para añadir que “hay proyectos vanguardistas para el cine, creados por los mejores especialistas del mundo, guardados en un cajón en el Cabildo”. El proyecto de la Ciudad del Cine en Adeje, languidece como un expediente más sobre la mesa de los funcionarios.
