Periódicamente, si no como serpiente de verano, al menos cada cuatro años cuando se acercan las elecciones, los grupos minoritarios que ven difícil o dificultado el poder tener la representación que ellos creen merecer en el Parlamento de Canarias, vuelven a poner sobre el tapete la reforma electoral de marras. Al mismo tiempo, poniendo cara de no haber roto un plato, los partidos mayoritarios asienten. Sonríen hipócritamente porque no están dispuestos a mover lo más mínimo que ponga en peligro su hegemonía, con los sueldos, cargos de confianza y manejo presupuestario que eso conlleva. Igual sucede con la deteriorada y desprestigiada Administración de Justicia.
Pero ese tipo de reformas, si se quisieran que fueran realmente eficaces para los ciudadanos, que no beneficiosas para su propio partido, constituído en grupo con intereses de casta, debieran empezar por modificar esencialmente el sistema electoral o judicial y no en meros retoques cosméticos.
Como ya alguna otra vez se ha repetido, a mi entender aún no lo suficiente, el Profesor Friedrich A. Hayek en su libro “Camino de servidumbre”, afirma que lo prioritario en una sociedad libre es la existencia de un Estado de Derecho que garantice la seguridad jurídica de sus ciudadanos. La democracia o los sistemas de asignar mediante el voto personas a cargos públicos de representación, son sólo métodos para tomar decisiones, imprescindibles sin duda, pero al servicio del Estado de Derecho. Y no al revés, como se está viendo y percibiendo en España, cada día con más indecencia.
A mi entender, el asunto de la reforma electoral promovida de nuevo por NC, muy bien analizada con exactitud y oportunidad en el artículo “La reforma imposible” de Arturo Trujillo, publicado en el ABC del día 12, explica los porqués de esa utópica reforma que algunos pretenden, alterando las matemáticas electorales, topes y porcentajes, pero no el fondo de la cuestión. Sólo añade NC un tímido avance en apoyo a la libertad de los votantes, al proponer listas abiertas. Por supuesto los aparatos de los partidos, llenos de gentes que jamás serían votadas por sus propios méritos, abortarán sin piedad ese atrevimiento. Les va el sueldo público y la obediencia debida en ello, aunque no manifiesten con su numantina cerrazón el menor respeto por quienes se lo pagan.
Una prueba evidente de la irrelevancia de las listas abiertas, pero con candidatos propuestos sólo por partidos políticos o asociaciones de electores, que son como partiditos light, son las ofrecidas para el Senado de España. Ahí la Ley Orgánica del régimen electoral general, no la Constitución como manifiestan algunos para hacer desistir a otros de proponer cambios, han permitido que los ciudadanos tengamos una apariencia de libertad por poder marcar una casilla u otra, pero siempre dentro de la lista ofrecida. Y si algun candidato, o no, no fuera elegido democráticamente por los ciudadanos y el partido quisiera que estuviera apoltronado en el Senado, ya la propia Ley introduce un mecanismo de designación adicional por votación restringida a los miembros de las Cámaras
Esto es posible sin introducir graves disfunciones a los “apparatchik” o funcionarios de los partidos políticos, por tratarse realmente de una institución irrelevante y racionalmente prescindible, cámara de segunda lectura la llaman eufemísticamente, que no goza de capacidad real de enmendar nada sin que lo ratifique posteriormente el Parlamento. Salvo que alguien demuestre lo contrario, es un cementerio de elefantes para tantos ilustres inútiles, pero que aún pueden pastar del presupuesto. Como ejemplo, el informe publicado en el ABC del 27 del 12 de 2008, donde se pone de manifiesto que hasta esa fecha de la legislatura, entre los diez senadores, diez, del PSOE sólo habían presentado 10 iniciativas y 50 intervenciones. Detaca en ese palmarés el senador gomero Casimiro Curbelo con un “doble cero”. Qué oportuno es mentar aquella frase de San Pablo, en versión laica por supuesto, que decía: “el que no quiera trabajar, que no coma”..
