Por obvias que puedan resultar de antemano, existen cuestiones relacionadas con el Estado y sus territorios sobre las que merece la pena reflexionar, partiendo de la Ley de Régimen Electoral General, que data de junio de 1985, y la presencia de fuerzas políticas de implantación territorial en las Cortes Generales.
Las comunidades distinguidas con singularidades identitarias, lingüísticas, fiscales o históricas han sido más propensas a favorecer el desarrollo e implantación de fuerzas nacionalistas o regionalistas. Es el caso de Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Canarias y Andalucía, igual que, en menor medida, Valencia y Baleares. Podría afirmarse que el mapa político de España responde a esa diversidad.
Guste más o menos, la influencia de dichos partidos en las decisiones del Gobierno de España y las Cortes Generales que nos afectan a todos es absolutamente determinante, influyendo de manera directa en el desarrollo social y económico de cada una de las regiones.
Consecuencia de ello es el mando ejercido en la política española por vascos y catalanes, especialmente, para sana envidia de unos y perplejidad de otros, cuando no incluso de indignación.
Por encima de matices y diferencias ideológicas, que las hay, tanto los partidos estatales como los nacionalistas que operan en Euskadi y Cataluña tienen muy claro que, por encima de todo, está la defensa de sus intereses. Canarias es el territorio más singular de los que conforman el Estado español. La lejanía, el mar que nos separa y la hora de diferencia con la península hacen innecesario cualquier argumentario que justifique tal distinción. No obstante, añadamos nuestra historia, organización político-administrativa, especificidades fiscales y peculiaridad lingüística.
Por todo ello, es difícil cuestionar la necesidad de que Canarias disponga de una gran fuerza política territorial que defienda todas esas singularidades, tanto en Madrid como en Bruselas. Cuestionar cómo y quiénes es la única objeción que pueden encontrar algunos, aunque cada día que pasa se les hace más complejo dar con argumentos para discutir el qué.
Con aciertos y errores propios de una fuerza nacida de la rebeldía contra el maltrato de Madrid, Coalición Canaria ha venido jugando, en las tres últimas décadas, un papel crucial en el Parlamento español. El tiempo y las circunstancias servirán para valorar de manera objetiva la presencia del nacionalismo canario en las Cortes Generales y su interlocución con los gobiernos de turno, si volviéramos a no contar en la política estatal.
En la España en la que mandan y deciden los territorios, el Archipiélago necesita de una gran fuerza de obediencia canaria, capaz de defender sus peculiaridades, reconocidas por la Unión Europea y ninguneadas de forma por los gobiernos españoles.
Sin embargo, resulta lamentable que cuando más se evidencia la necesidad de crecer e incrementar nuestra presencia en Madrid, más errores no forzados cometemos los nacionalistas canarios.
A pesar de que las circunstancias políticas y la aritmética nos sitúan con un solo diputado en el núcleo de los necesarios/convenientes para sostener al Gobierno de Pedro Sánchez, la realidad evidencia nuestra pérdida de peso en Madrid. De contar con grupo propio en el Congreso y el Senado en la legislatura 1996-2000, hemos pasado a tener hoy un solo diputado.
Canarias necesita de forma imperiosa la unidad de aquellas fuerzas políticas que anteponen la defensa de los intereses insulares a los foráneos. Por eso es imprescindible la confluencia y el compromiso de sus fuerzas políticas territoriales y, como paso previo, el cierre de filas en cada una de ellas.
