En el último Debate de la Nacionalidad correspondiente a la IX Legislatura el Grupo Parlamentario de Podemos apoyó resoluciones del conjunto de los grupos y vimos apoyadas 16 de las 30 presentadas. Además de ser críticos, además de ejercer de control del Gobierno, nos reclamamos como una oposición constructiva, que siempre realiza propuestas para mejorar la vida de la ciudadanía canaria.
Conviene recordar esta realidad antes de abordar el por qué terminó de forma un tanto controvertida el pleno extraordinario, convocado a continuación de la votación de las 180 resoluciones, en el que se dilucidaba el futuro Reglamento de una Cámara que en la X Legislatura contará con un diputado más por Fuerteventura y nueve que procederán de la primera lista autonómica electoral.
Actualmente, hay 60 diputados y diputadas, 30 por la provincia de Las Palmas, de los cuales la mitad corresponden a la isla de Gran Canaria, y 30 por la de Santa Cruz de Tenerife, 15 de ellos por la isla de Tenerife. Dándose hasta ahora la circunstancia, un tanto aberrante dentro de un sistema electoral democrático, que 5.000 votos en la isla de La Gomera, produzcan tres diputados, o que un voto de El Hierro valga 17 veces más que el de quien resida en Tenerife o Gran Canaria, donde hacen falta más de 25.000 votos para obtener un escaño.
El modelo de representación donde priman los territorios sobre las personas se ha retocado con la reciente modificación del sistema electoral incluido en el Estatuto de Autonomía, de manera insuficiente, pero sí consensuada entre Podemos, NC, PSOE y PP, con la oposición de ASG y CC.
En Podemos creemos que los diputados y diputadas electos, independientemente de la circunscripción electoral insular, representamos al conjunto de la población de las ocho islas y deberíamos defender los derechos de las mayorías sociales, sin olvidarnos jamás de que la doble insularidad, del olvido en que el doble centralismo canario, añadido al estatal, ha postergado secularmente los intereses de la población canaria en general y a las islas no capitalinas en segundo lugar.
Sin embargo, el mismo victimismo pseudo nacionalista al que nos tiene acostumbrados CC, eximiendo sus responsabilidades de haber gobernado Canarias durante tres décadas y habernos conducido al naufragio en que nos encontramos, lo suelen usar otros grupos y personajes de nuestras islas.
Y este es el caso de Casimiro Curbelo, sempiterno político, presidente del Cabildo de La Gomera, además de diputado regional con su Agrupación Socialista Gomera (ASG).
El Gobierno en minoría de CC, una vez hubo roto con los que ellos denominaron sus “medianeros” del PSOE, durante la primera parte de la Legislatura, se ha mantenido en la segunda parte de la misma con los apoyos incondicionales del PP y de ASG. Los tres votos determinantes de Curbelo han producido, de manera insolidaria con el resto de la población canaria, un trasvase preferente de ingresos para dicho Cabildo insular como jamás había ocurrido en la reciente historia de Canarias.
El débil y necesitado presidente Fernando Clavijo ha cedido a todas las exigencias de ‘Don Casimiro’: presupuestos para continuar con decenas de obras ‘pufas’ (comenzadas y nunca acabadas en dicha isla), cesión de la gestión del Parque Nacional de Garajonay para horror de la comunidad científica, y muchos millones (hasta un 40% de aumento del presupuesto del Cabildo) para realizar políticas de diversa índole (también sociales ¿cómo no?); pero que muchos sectores denuncian como políticas de afianzamiento de las redes clientelares con las que se tiene cautiva a una población a las que las subvenciones se les presentan como un favor magnánimo y no como un derecho ciudadano.
Ha sido la fórmula exitosa de la política, de los políticos ‘conseguidores’, de la política caciquil, que consigue hacer creer a la población que los derechos no existen y que lo que hay en política son favores para los fieles y castigos para los críticos.
Por tanto, son políticas que compran los silencios y las voluntades. Esto en una democracia madura y con una población crítica debería ser una práctica absolutamente despreciable.
Pues bien, el penúltimo intento de perpetuación en el poder y de obtener rentabilidad a ese apoyo parlamentario, vino en el pleno extraordinario, cuando a escasos tres meses de las elecciones se intentan realizar dos modificaciones, una de la Ley de Cabildos y otra dentro del Reglamento de la Cámara, para mayor honra y gloria del presidente del Cabildo Insular de La Gomera.
Por una parte, al final de la pasada legislatura y sin efectos sobre los resultados electorales de 2015 (y entonces no estaba aún PODEMOS en el Parlamento Canario), se aprobó la Ley de Cabildos, por la que se prohibía la compatibilidad de ser cargo del Cabildo con ser parlamentario autonómico, medida que sería de aplicación para las próximas elecciones del 26 de mayo.
A tres meses de la cita con las urnas, y por la puerta de atrás, basado en la fuerza de tres votos parlamentarios y con la connivencia de CC (con la diputada Belén Allende, presidenta también del Cabildo de El Hierro) pretenden ahora modificar la Ley que entonces votaron para permitir el ‘doblete’ de cargos.
A juicio de Podemos Canarias, continúa siendo sensato lo que tenía sentido en 2015 para centrar al máximo que es absolutamente imposible desempeñar al 100%, como sería exigible, dos cargos de tanta responsabilidad al 100%, como son el de diputado y presidente o miembro del gobierno de un cabildo insular.
¿Por qué hoy algunos defienden su compatibilidad, en contra de lo que defendieron en 2015, como si fueran personas absolutamente imprescindibles?
Pues sencillamente porque, además de percibir conceptos económicos de dos administraciones, lo importante para algunos son las cuotas de poder personal que se alcanzan desde las atalayas del poder ejercido por la delegación de decisiones que la ciudadanía deposita en sus manos mediante las elecciones.
Concepción Monzón, Manuel Marrero, Juan Márquez Diputad@s del Grupo Parlamentario Podemos Canarias
