Alberto Rodríguez, diputado de Unid@s Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido la comparecencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Comisión parlamentaria para exigirle que “establezca” la Obligación de Servicio Público (OSP) para los vuelos entre la Península y las Islas.
“El objetivo de la solicitud es que nos explique cuanto más se va a demorar el Gobierno de España en declarar OSP los trayectos con Canarias y poder así marcar una tarifa máxima para que no se incremente el precio de los billetes y dificulte la movilidad no solo de la población canaria sino del turismo peninsular”, ha afirmado.
En este sentido, recuerda que ya la formación morada alertó de esta situación cuando se aprobaron los Presupuestos de 2018 y PP, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) votaron en contra de la enmienda que presentó Unid@s Podemos.
“Esas formaciones políticas, que solo se preocupaban de salir en la foto de la subvención del 75 por ciento, son culpables de que los billetes sean más caros y de que estemos subvencionando con dinero público, con dinero de nuestros impuestos, a las compañías aéreas que tienen cuentas millonarias”, insiste.
Por tal motivo, Rodríguez considera que “es necesario saber” si los máximos responsables del Gobierno de España “van a seguir demorando una situación” que impide que los canarios residentes en el exterior “no puedan volver” a su tierra y que “como hemos visto, hace que se resienta el turismo peninsular que visita Canarias”.
Derecho garantizado
Para la formación morada, fijar un precio máximo a los vuelos no sólo permitiría el regreso frecuente de los canarios y canarias que residen fuera de las Islas, emigrantes por motivos laborales o económicos en muchos casos, sino que además facilitaría los intercambios con el exterior, no solo turísticos, sino también culturales, académicos o científicos.
Esta preocupación de la formación morada quedó de manifiesto en las enmiendas que se presentaron a la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) y a los Presupuestos estatales de 2018, sin que contaran con el apoyo del resto de formaciones políticas, pues era el momento de convertir en un derecho garantizado la movilidad interinsular y entre Canarias y el resto del Estado.
