El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso, Pedro Quevedo, ha reclamado hoy en el pleno al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que fije precios de referencia para los billetes de avión entre Canarias y el resto del Estado con el fin de frenar el abuso de las compañías aéreas. Quevedo solicitó al titular ministerial, José Luis Ábalos, que inicie el diálogo para que la Unión Europea (UE) permita que estas rutas sean declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP), que ya está amparada por la legislación estatal y el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.
Esta petición fue formulada como consecuencia de la pregunta sobre el seguimiento de la aplicación, desde mediados del pasado mes de julio, del descuento del 75% en los billetes de avión, que se aplica también en las rutas marítimas con el resto del Estado gracias a los acuerdos presupuestos estatales de 2018 de NC.
Tras asegurar el ministro que, en relación al mismo periodo del pasado año, la venta de billetes aéreos bonificados, en total, se ha incrementado un 40% y, solo en relación a Canarias, un 50%; Pedro Quevedo advirtió de que, en una situación de incremento “claro” de la demanda, las compañías, en su libertad tarifaria, “van a tender al abuso, sí o sí”.
El congresista de NC explicó que existe una “solución definitiva” a este problema, que pasa por declarar, a las rutas afectadas, como Obligaciones de Servicio Público “abiertas”, lo que significa que “no sea exclusivamente para las líneas deficitarias”, según manifestó. Es la “única” manera, precisó Quevedo, de establecer precios de referencia para que las empresas “no acaben haciendo algo difícilmente controlable, abusar de una situación de exceso de demanda”.
Para cumplir con esta petición, integrada en la enmienda del descuento del 75% incorporada a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, el parlamentario de NC instó a Fomento a iniciar los contactos con la Unión Europea para que autorice las Obligaciones de Servicio Público.
Pedro Quevedo hizo hincapié en que, en la legislación estatal, está “perfectamente sustentado” el establecimiento de las OSP a través de la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social de 1997, modificada en los PGE de 2010. También, observó, en el nuevo REF canario.
