El cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, ha afirmado hoy que el sistema de pensiones, “uno de los pilares del Estado del Bienestar”, está en peligro. Durante una visita al municipio grancanario de Teror, el diputado ha criticado la postura de “las derechas, que están apostando por modelos que llevarían al desmantelamiento de “una de las claves de la cohesión social del Estado”.
Según Quevedo, la solución al problema de las pensiones “no puede pasar única y exclusivamente por proponer planes privados”, ya que “la inmensa mayoría de los trabajadores simplemente no puede permitirse este ahorro”.
Por ello, sostiene, Nueva Canarias considera que “la clave para asegurar la subsistencia del Estado del Bienestar es mejorar el empleo”. Quevedo explica que son los trabajadores “los que aportan las cotizaciones necesarias para financiar las pensiones”. “Es por esto”, insiste, “que es importante generar empleo, pero sobre todo de calidad”.
La voz canaria en Madrid asegura que, sin trabajos estables y con un salario digno, no se podrá mantener el sistema de pensiones en el presente ni en el futuro. Nueva Canarias reclama una “iniciativa estatal para garantizar un sistema público de pensiones que mantenga el poder adquisitivo y que asegure su revalorización en función del Índice de Precios de Consumo (IPC)”.
Para los nacionalistas progresistas, se debe formar un “gran acuerdo social y político para garantizar la sostenibilidad de un sistema público y de futuro”. Para lograr este objetivo, Pedro Quevedo recuerda es que es necesario derogar la reforma laboral para “poner fin a la precariedad y el descenso” de las cotizaciones.
El diputado asegura que, en cuanto Nueva Canarias regrese a las Cortes Generales, “volverán a apoyar” a los pensionistas y generarán “todas las iniciativas que sean necesarias para forzar” ese debate. Especialmente, abogan por “asegurar la garantía de los servicios sociales básicos” y plantean “la modificación del artículo 135, estableciendo en su texto el deber de garantizar la financiación de los servicios públicos”.
En este sentido, cabe recordar que el artículo 135 de la Constitución fue modificado por el PP y el PSOE en 2011 estableciendo el concepto de estabilidad presupuestaria y asegurando que el pago de la deuda pública fuese prioritario frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales.
Pedro Quevedo insiste en que Nueva Canarias “defiende la sostenibilidad del sistema de pensiones, garantizando unas prestaciones dignas y actualizadas”. Los nacionalistas progresistas contemplan, en su programa electoral, medidas para avanzar hacia el objetivo de 1.080 euros de pensión mínima, considerados necesarios para la jubilación por las instituciones europeas.
Asimismo, Quevedo apoya el manifiesto de múltiples asociaciones de pensionistas “para impulsar un Pacto de Estado, suscrito por todos los partidos políticos del arco parlamentario y con la participación de todos los actores sociales, que garantice un sistema de pensiones dignas, fiable y duradero”.
El diputado de Nueva Canarias señala que esta cuestión afecta también a “los jóvenes y a los trabajadores actuales” y recuerda que “ante la ofensiva de la derecha, es necesario contar con una voz en Madrid que defienda las pensiones públicas sin concesiones”.
Además, la senadora por Gran Canaria y candidata a la reelección, María José López, refirió la importancia de las pensiones no contributivas en Canarias, que representan en torno al 10% del total. En ese sentido, hizo hincapié en la propuesta de la renta de ciudadanía promovida por NC en el Parlamento de Canarias, primero a través de una iniciativa legislativa y después mediante una enmienda a la nueva ley de servicios sociales, aprobada recientemente.
A través de esta enmienda, el Gobierno de Canarias que salga de los comicios locales del próximo 26 de mayo está obligado a poner en marcha la renta de ciudadanía, que NC prevé como un complemento de las pensiones no contributivas, netre otros colectivos beneficiarios para garantizar el acceso a unos servicios mínimos para tener unas condiciones de vida dignas.
