La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acompañada por el magistrado de la Instancia Nº8 del Juzgado de Las Palmas con competencias en el CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, y el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Mencey Navarro, ha regresado este jueves 10 de septiembre al Muelle de Arguineguín donde permanecen 352 migrantes en el campamento instalado allí hace quince días. Tanto Bueno como Díaz Tejera coinciden en que el lugar no reúne las condiciones sanitarias necesarias e insisten en que la crisis migratoria no solo concierne a Canarias, sino al conjunto de España y Europa.
“Desde el Ayuntamiento vamos a insistir en una solución hasta agotar la vía institucional para ver si el Gobierno central reacciona con una solución para estas personas, porque estamos hablando de vulneración de los derechos humanos”, señaló la alcaldesa tras la visita junto a Díaz Tejera, Navarro y representantes de Cruz Roja por la zona de las carpas en las que pernoctan los migrantes.
La primera edil moganera reconoció sentirse afectada, sobre todo por la situación de las siete mujeres y los tres menores que se encuentran en el muelle. “Son los más vulnerables y tenían que haberlos llevado directamente a un espacio de mayor calidad”, apuntó. “Como representante política me siento frustrada e impotente de no poder canalizar con mayor diligencia esta situación de drama social en nuestro municipio”, prosiguió.
En este sentido, el magistrado Díaz Tejera subrayó “el atronador silencio” de los cargos públicos respecto a este asunto ya que resulta obvio que las condiciones en las que se encuentran los migrantes en el Muelle de Arguineguín no son las adecuadas.
Díaz Tejera aseguró que se lleva reclamando desde hace once meses que se habiliten establecimientos en desuso o vacíos a los que poder trasladar a los migrantes. Asimismo, recordó que la que la crisis migratoria de 2006 fue solventada por el Gobierno de España a través de acuerdos bilaterales con los países emisores de migrantes para sellar sus fronteras, y financiando proyectos de desarrollo en aquellas regiones.
Por otro lado, el magistrado recalcó que el problema migratorio concierte “a los canarios y al conjunto de los españoles. Nadie se puede esconder en el argumento de ´no es mi competencia`”, y por ello, apeló a la solidaridad interterritorial.
