La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, rechaza las declaraciones realizadas por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, en las que cuestiona las licencias concedidas por el Consistorio para actuaciones promovidas en el barranco de Veneguera por Costa Canaria de Veneguera, entidad vinculada al Grupo Lopesan. Bueno subraya que las resoluciones municipales se adoptaron en cumplimiento de sentencias judiciales y respaldadas por los informes jurídicos existentes en cada momento, y considera inadmisible que la institución insular pretenda atribuir al Ayuntamiento las consecuencias de años de inacción del Cabildo para corregir la situación jurídica derivada de la falta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y de la pérdida de eficacia del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Rural del Nublo, advertida por los tribunales en 2014.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 15 de diciembre de 2014, concluyó que la falta de aprobación del PORN del Parque Rural del Nublo provocaba la pérdida de validez de su declaración y dejaba sin soporte válido al PRUG, doctrina posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo. Años antes, la Sentencia de 28 de noviembre de 2012 ya había llegado a conclusiones similares respecto al Parque Natural de Tamadaba, poniendo de manifiesto la necesidad de disponer de los correspondientes instrumentos de ordenación exigidos por la legislación estatal.
Sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria no acordó iniciar la elaboración y tramitación del PORN Nublo-Tamadaba hasta el 28 de mayo de 2021. Es decir, tuvieron que pasar casi nueve años desde la sentencia de Tamadaba y más de seis desde la del Parque Rural del Nublo para que la administración insular activara formalmente un procedimiento destinado a recuperar la eficacia jurídica de estos espacios.
“Las sentencias estaban ahí, las consecuencias jurídicas también, pero quienes hoy se presentan como defensores del territorio dejaron pasar los años sin aportar una solución”, afirma Bueno, que señala además que fue un acuerdo plenario del Cabildo de 2021 –anuncio publicado en el BOC el 7 de julio del mismo año– el que estableció las medidas cautelares previstas en el artículo 23 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para los espacios incluidos en la tramitación del PORN.
“Las cautelares que hoy invoca el Cabildo no existían cuando comenzaron muchos de los expedientes vinculados a Veneguera. Es importante explicar la cronología completa y no analizar los hechos como si se hubieran producido en 2026”, manifiesta Bueno. En este sentido, recuerda que las actuaciones promovidas por Costa Canaria de Veneguera comenzaron a tramitarse varios años antes de que el Cabildo iniciara la elaboración del PORN.
En el denominado Tramo 4, la empresa presentó solicitud de licencia en abril de 2017 para la canalización del barranco y el acondicionamiento del camino. Posteriormente obtuvo autorización del Consejo Insular de Aguas en marzo de 2018. En agosto de ese mismo año, el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo emitió informe desfavorable y, precisamente por ello, el Ayuntamiento denegó la licencia en abril de 2019.
La empresa recurrió aquella decisión y obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justifica de Canarias. La Sentencia n.º 291/2023, de 13 de julio de 2023, concluyó que la denegación de la licencia no podía fundamentarse en la normativa del PRUG del Parque Rural del Nublo porque dicho instrumento carecía de validez y eficacia jurídica. Como consecuencia de esa resolución, el Ayuntamiento otorgó la licencia en abril de 2024 en ejecución de sentencia.
En el denominado Tramo 2, la entidad inició su tramitación en septiembre de 2017. La autorización del Consejo Insular de Aguas se produjo en mayo de 2022. A diferencia de lo sucedido con el Tramo 4, cuando se resolvió este expediente el Ayuntamiento ya disponía de informes jurídicos que advertían la necesidad de inaplicar la normativa del PRUG debido a la perdida de eficacia declarada por los tribunales. A ello se sumaban los pronunciamientos judiciales existentes sobre esta materia y los procedimientos abiertos como consecuencia de anteriores denegaciones fundamentadas en dicho instrumento.
Las contradicciones del Cabildo
Mientras el Consejo Insular de Aguas autorizaba actuaciones vinculadas al acondicionamiento del barranco y de los caminos de acceso, el Servicio de Medio Ambiente emitía informes desfavorables sobre esos mismos proyectos. Fue precisamente esa divergencia de criterios dentro de la propia institución insular la que acabó trasladándose a la tramitación administrativa de los expedientes.
“El Ayuntamiento tuvo que resolver procedimientos complejos en medio de informes, autorizaciones y pronunciamientos contradictorios procedentes del Cabildo”, afirma la alcaldesa, que insiste en que el Ayuntamiento no adoptó decisiones arbitrarias ni ignoró los criterios ambientales. Además, recuerda que, ante estas circunstancias, se solicitó formalmente el pronunciamiento del presidente insular, Antonio Morales, pero este nunca llegó.
“Durante años no escuchamos al presidente del Cabildo explicar por qué seguía sin aprobarse el PORN, ni qué medidas iba a adoptar para corregir una situación advertida por los tribunales en 2012 y 2014. Bueno sostiene que el Gobierno insular “ha permanecido desaparecido mientras existía el problema y solo ha aparecido por el ruido en las redes sociales y los titulares en los medios de comunicación”. Así, mantiene que existe de una contradicción entre el discurso político sostenido durante años por el Cabildo de Gran Canaria y la realidad administrativa de estos espacios.
“Han presumido de Ecoisla durante más de una década, pero ni resolvieron la situación jurídica que afectaba al Parque Rural del Nublo ni aprobaron los instrumentos de ordenación necesarios en tiempo y forma. Esa es la responsabilidad política que ahora intentan eludir”, afirma.
Del mismo modo, insiste en que una cosa es la legalidad de los expedientes tramitados y otra distinta las actuaciones finalmente ejecutadas por la entidad. Así, si se han producido excesos respecto de las autorizaciones concedidas, las administraciones competentes deben actuar con la máxima diligencia.
Bueno, que la pasada semana se reunió con vecinos, vecinas y colectivos para tratar este asunto, confirma la reapertura, desde este jueves 30 de julio, de la carretera de acceso a la playa de Veneguera y reitera su propuesta de constituir una mesa de trabajo entre todas las administraciones competentes para abordar de forma coordinada la situación del Barranco Veneguera, aclarar los criterios de actuación y evitar que vuelvan a producirse contradicciones entre organismos públicos sobre un asunto de especial sensibilidad territorial y ambiental.
