Onalia Bueno rechaza la ordenanza de NC para regular el uso residencial en zonas turísticas de Mogán

REDACCIÓN (06-11-2026)

Onalia Bueno rechaza la ordenanza de NC para regular el uso residencial en zonas turísticas de Mogán

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán ha anunciado que votará en contra de la moción presentada por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el pleno ordinario del próximo lunes 9 de noviembre, en la que se propone elaborar una ordenanza municipal para regular y clarificar la situación de los residentes que viven en zonas turísticas del municipio.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, considera que esta iniciativa resulta innecesaria porque la problemática ya ha sido abordada en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), que actualmente se encuentra en su segunda fase de exposición pública, abierta hasta el próximo 30 de noviembre.

Bueno sostiene que el documento urbanístico recoge las necesidades de los residentes en complejos turísticos y contempla la compatibilidad de usos residenciales y turísticos mediante la delimitación de zonas mixtas, conforme a la legislación vigente.

“Contamos con un Plan General estructural donde ya hemos zonificado y recogido esas necesidades, por lo que no tiene sentido en este momento llevar a cabo una ordenanza”, ha manifestado la alcaldesa.

Mogán defiende los acuerdos alcanzados con la PALT

La regidora municipal recordó que durante la elaboración del nuevo planeamiento se mantuvieron reuniones con representantes de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), con el objetivo de analizar la situación de las familias que residen habitualmente en establecimientos ubicados en suelo turístico.

Según explicó, estos encuentros permitieron consensuar una propuesta para compatibilizar los usos turísticos y residenciales en determinadas zonas del municipio.

“Nos sentamos en la mesa con representantes de la PALT y se pactó que Mogán iba a tener una zona mixta, tal y como recoge la ley”, afirmó.

La alcaldesa defendió que el nuevo Plan General reconoce las situaciones residenciales consolidadas y que el planeamiento urbanístico constituye el instrumento adecuado para establecer la ordenación de los diferentes usos del suelo.

Más de 2.200 alegaciones durante la primera exposición pública

Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno municipal para rechazar la propuesta de Nueva Canarias es el proceso de participación ciudadana desarrollado durante la tramitación del PGO.

En la primera exposición pública se presentaron más de 2.200 alegaciones relacionadas con la eliminación de la prohibición del uso residencial en zonas turísticas y la implantación de usos mixtos en complejos turísticos.

Según Onalia Bueno, la mayor parte de estas alegaciones fueron estimadas e incorporadas al documento urbanístico que actualmente se encuentra nuevamente a disposición de la ciudadanía.

El Ayuntamiento considera que estas modificaciones permiten avanzar hacia una regulación que tenga en cuenta las situaciones residenciales existentes, sin perder de vista las exigencias de la normativa turística y urbanística.

El Gobierno municipal considera innecesaria una nueva ordenanza

La alcaldesa cuestionó el momento elegido por Nueva Canarias para presentar su iniciativa, al entender que el nuevo Plan General se encuentra en una fase avanzada de tramitación y que ya incorpora soluciones para las cuestiones planteadas.

Por ello, defiende que cualquier nueva propuesta relacionada con la compatibilidad de usos turísticos y residenciales debe formularse durante el actual periodo de información pública, que permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre.

El Gobierno municipal sostiene que aprobar una ordenanza paralela al nuevo planeamiento no resulta necesario, dado que el PGO ya contempla una zonificación destinada a ordenar los usos y reconocer las situaciones residenciales consolidadas.

La moción de Nueva Canarias-Bloque Canarista será debatida en el pleno ordinario del próximo lunes, donde el grupo de gobierno ha adelantado su voto contrario.

El debate se produce en un contexto de controversia sobre el uso residencial de viviendas situadas en zonas turísticas de Canarias, una cuestión que afecta a miles de familias y que mantiene abiertas diferentes iniciativas políticas y normativas para buscar una solución.

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