La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha solicitado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, una reunión urgente con los 21 alcaldes de la isla para abordar las consecuencias de la anulación judicial de la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO). La regidora advierte de que la incertidumbre jurídica podría comprometer el desarrollo de proyectos urbanísticos, la construcción de viviendas y la ejecución de infraestructuras municipales.
La petición llega después de que el Tribunal Supremo inadmitiera uno de los recursos de casación presentados por el Cabildo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que declaró nula la revisión del PIO aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde enero de 2023.
La resolución judicial del TSJC, dictada el pasado 8 de abril, consideró que la revisión del documento se había tramitado para adaptarse a una normativa derogada por la Ley del Suelo de Canarias de 2017. El Supremo, por su parte, ha determinado que la controversia planteada corresponde al Derecho autonómico, por lo que no procede examinarla mediante el recurso de casación presentado ante ese tribunal.
Bueno exige ahora que el Cabildo aclare qué planeamiento resulta aplicable, qué recursos permanecen pendientes y cómo deben actuar los ayuntamientos mientras se resuelve la situación jurídica del principal instrumento de ordenación territorial de Gran Canaria.
La alcaldesa considera que la corporación insular ha tenido tiempo suficiente para preparar alternativas desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales y cuestiona la estrategia de recurrir al Tribunal Supremo.
"Ya le advertimos en sucesivas ocasiones, desde que llegó la sentencia al TSJC, que debían trabajar en una alternativa para mantener el PIO", sostiene la regidora, que reprocha al Cabildo haber insistido en una vía judicial que, según afirma, no era procedente.
El Ayuntamiento de Mogán teme que esta situación obligue a paralizar modificaciones de su planeamiento municipal, con consecuencias para el desarrollo de determinados suelos, la construcción de viviendas y la ejecución de infraestructuras previstas.
"En el Ayuntamiento de Mogán no tenemos claro si tendremos que paralizar varias modificaciones del planeamiento", reconoce Bueno, quien advierte de que algunos expedientes podrían necesitar una nueva adaptación al anterior PIO.
La alcaldesa insiste en que el problema trasciende las fronteras de Mogán y afecta potencialmente al conjunto de los municipios grancanarios.
"Estamos hablando de un asunto importante, de gran envergadura, y necesitamos que el presidente del Cabildo asuma su responsabilidad y se pronuncie cuanto antes", concluye.
La reunión solicitada pretende establecer un criterio común para los 21 ayuntamientos y aclarar cómo continuar con la tramitación urbanística, evitando que la incertidumbre sobre el planeamiento insular repercuta en proyectos públicos y privados.
