Ni prevaricación, ni cohecho, ni tráfico de influencias, ni malversación. La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria confirma el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, varios funcionarios municipales, el empresario Luis Oller y su mercantil Cornisa del Suroeste S.L por una supuesta artimaña para beneficiar a este último. La Justicia desestima así nuevamente a la acusación popular encabezada por Isabel Santiago, concejala de NC-BC hasta 2023, que presentó un recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción n1º de San Bartolomé de Tirajana el 21 de junio de 2024.
La denuncia giraba en torno a un acuerdo de mediación judicial entre el Ayuntamiento de Mogán y Cornisa del Suroeste, acuerdo que fue negociado, ratificado por la Junta de Gobierno Local y homologado judicialmente. El nuevo auto, emitido el 17 de julio y notificado a las partes interesadas en la jornada del jueves 24, respalda totalmente la decisión de la magistrada de instrucción de sobreseer el caso por considerar que no existen indicios suficientemente acreditados para continuar con el procedimiento penal.
La Sala destaca especialmente la falta de pruebas consistentes por parte de la acusación. Entre estas la declaración de una funcionaria municipal, que solo llegó a testificar en sede policial y nunca ante la magistrada de instrucción, que la citó como investigada. De esta forma su testimonio se quedó en una simple denuncia carente de valor jurídico alguno.
Onalia Bueno manifiesta su hartazgo ante la forma de actuar de Nueva Canarias- Bloque Canarista. “El Derecho penal no está para dirimir disputas políticas ni para alimentar vendettas personales” afirma, instando a los integrantes de esa agrupación en el municipio a dejar de abusar del aparato judicial “con fines claramente políticos”. Para la alcaldesa este nuevo auto, que se suma a otras cinco causas archivadas hasta el momento con NC como acusación popular, ponen de manifiesto una “clara persecución política basada en suposiciones, hipótesis y acusaciones sin fundamento”. “La Justicia ha vuelto a desmontar un burdo intento de convertir una gestión legítima y transparente en un delito” apunta.
Isabel Santiago tendrá que abonar las costas de este proceso judicial por su recurso de apelación al Juzgado de Instrucción solicitando que se revocara y continuara el procedimiento. También Luis Oller y Cornisa del Suroeste, por recurrir solicitando el sobreseimiento libre y archivo definitivo del procedimiento.
