El concejal de Nueva Canarias Santa Lucía, Francisco García, exige a la alcaldesa en funciones y al grupo de gobierno que actúe de una vez por todas, exigiendo las medidas correctoras y necesarias a los propietarios de la obra que se desarrolla en suelos agrícolas de Pozo Izquierdo y que están generando un problema de salud pública a sus vecinos.
Asimismo, lamenta, que, en lugar de ejercer sus competencias, el alcalde salga en prensa una vez más echando balones fuera y responsabilizando al anterior grupo de gobierno por la concesión de licencia de obra a dicha empresa.
Recuerda Francisco García, que efectivamente, la empresa que explota el terreno agrícola obtuvo licencia para la construcción de los nuevos invernaderos el pasado 4 de junio. “Cualquier empresa o particular puede solicitar licencia de obra, y de cumplir los requisitos, estamos obligados a darla, en caso contrario cometeríamos prevaricación”, comenta Francisco García. “Lo que parece olvidar el actual Grupo de Gobierno, es que, una vez concedida la licencia, la empresa está en la obligación de cumplir con lo que expresa la misma, y el ayuntamiento de ejercer su competencia de seguimiento y control de dicha obra, cuestión que hasta ahora no ha ejercido de manera eficiente vistos los resultados”.
Para Nueva Canarias Santa Lucía la otorgación de la licencia de obras es una buena noticia, que no ha sido cuestionada por este partido, ni por parte de los vecinos, que se alegran de la recuperación como zona de cultivo las hectáreas de terreno agrícola, así como la retirada de los viejos invernadero que estaban causando un daño al medio ambiente, por lo que supone de creación de empleo y mejora del entorno.
Lo que denuncian los vecinos de la zona es que desde que se iniciaron las obras a finales de junio la situación es insostenible. Y ha habido dejadez de funciones por parte de la propia empresa quien debe tener un ingeniero responsable de la obra, y también del ayuntamiento. Ya que la ley les obliga tal y como consta en la propia licencia “Tanto el propietario o promotor, el constructor y la dirección técnica tomarán todas las medidas de SEGURIDAD Y SALUD necesarias conforme al real decreto 1627/ 1997 de 24 de octubre”. Así como también recoge que el “incumplimiento de cualquier requisito puede ser motivo para tomar medidas según ordenamiento jurídico”.
La licencia es un acto reglado que debe otorgarse si se cumple la ley, la ejecución de la obra es otra cosa y requiere de seguimiento por parte del ayuntamiento, más aún si existen denuncias de los vecinos.
“La realidad”, explica García, “es que estamos ante un problema de salud pública y no se actúa de manera eficaz en beneficio de la población. Existen muchas alternativas a seguir, pero hay que saber ejecutarlas, escuchar a la ciudadanía y responder ante los problemas. Recuerda el concejal de Nueva Canarias, “que el pasado año sucedió un caso similar en el municipio vecino de Agüimes, en Las Rozas donde el alcalde, el mismo que otorgó la licencia, ante las denuncias de los vecinos, mandó parar la obra y hacer un cierre exterior que evitara que el polvo y la tierra llegara a las viviendas
Nueva Canarias considera inaceptable la respuesta del alcalde. “No se gobierna culpando a los demás y echando balones fuera, sino ejerciendo sus competencias y tomando decisiones” Afirma Francisco García”.
