En la última reunión del Banco Central de la Unión Europea, recientemente llevada a cabo en España, entre las grandes inquietudes de la institución no estaba la de implementar medidas urgentes de financiación que generen la multitud de empleos o subsidios dignos que precisan los millones de ciudadanos y ciudadanas empobrecidos de Europa, Sí se manifestó, en cambio, la necesidad de encontrar soluciones urgentes al crítico estado de solvencia de la banca española, una de las más saneadas del continente, según se nos hacía creer hasta hace poco tiempo.
Resulta que no, que “nuestra” banca está lastrada por operaciones de crédito fallidas en la escandalosa cifra de unos 184.000 millones de euros, la gran mayoría de ellas originadas en los años de especulación en torno a la llamada burbuja inmobiliaria y en el posterior descalabro económico de su estallido. Una gravísima situación de solvencia fallida que se ha venido permitiendo por la autoridad económica -el Banco de España- y por la autoridad política -el Parlamento nacional- hasta hoy mismo.
La connivencia, desde hace décadas, en los países occidentales de las instituciones públicas con los intereses financieros privados es lo que ha provocado, desde la gran crisis, el desmoronamiento de “la economía real” -la que sostiene a la gran mayoría de las empresas y de los empleos- por falta de crédito. Tras el hundimiento del casino financiero, y a pesar de las importantes inyecciones de liquidez aportadas por los Estados, las organizaciones bancarias globales vienen incumpliendo su crucial función de aportar financiación a la economía productiva, lo que condena a miles y miles de empresas al cierre y a millones y millones de ciudadanos y ciudadanas, al desempleo y la precariedad.
Esta contracción del crédito practicada, impunemente, por la banca multinacional obedece, fundamentalmente, a dos causas. En primer lugar, a la desesperada necesidad de acumular provisiones con las que cubrir los abismos de insolvencia que ocultan sus tramposos balances de ganancias y pérdidas. Pero también, para continuar lucrándose, especulando en el mercado de valores. En la Unión Europea los procedimientos arbitrados para la financiación de las administraciones estatales son terreno abonado para la especulación abusiva de los bancos continentales. Estos obtienen el dinero, que luego prestarán, de las delegaciones del Banco Central a un interés mínimo, las cuales lo han recibido, a su vez, de las aportaciones de los Estados miembros. El circuito se completa con la recolocación de las divisas, a intereses notablemente superiores, en las deudas públicas emitidas por los gobiernos de los Estados que aportaron los fondos.
En España, la afinidad en los intereses neoliberales de las élites del bipartidismo hegemónico y su extrema dependencia financiera con los poderes económicos, ha provocado desastrosos efectos en nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Por ello, la indefensión y la exclusión atenazan la vida de multitud de ciudadanos y ciudadanas. No obstante, el Gobierno y el Banco de España tienen como prioridad minimizar solo el fiasco del ladrillo y a gusto del sector financiero. Para ello, estudian, entre distintas posibilidades, la creación de un “banco malo” donde desplazar los activos “tóxicos”. Llegan tarde, aquí ya no hay banco bueno, que valga.
Pero a grandes males, grandes remedios. Parece nos va a tocar a la sociedad civil, siguiendo el ejemplo de Islandia, remediar esta extrema degradación institucional exigiendo la caída de los responsables gubernamentales y empresariales y la intervención inmediata de las instituciones financieras en bancarrota falseada, para nacionalizar las partes saneadas y crear una banca pública, al servicio del interés general y de la economía productiva. Junto a todo ello, habrá que realizar una auditoría nacional sobre la indignidad de la deuda soberana que soportamos, que ahí, también hay mucho que destapar. Y ¡que cada palo aguante su vela!.
Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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