La profunda crisis económica que ha sufrido que sigue sufriendo España en los últimos ocho años ha dejado en el camino muchas ilusiones, muchos proyectos personales y familiares. Miles de autónomos, de pequeñas y medianas empresas han tenido que echar el cierre. La parálisis económica y el estrangulamiento de la financiación los ha asfixiado.
Al deterioro de la situación económica, se ha unido el engaño de las preferentes, las tarjetas black o los desahucios; las corruptelas en la política, en los sindicatos o en organizaciones empresariales. El descrédito institucional que ha alcanzado a las máximas instancias del Estado. Sumemos a todo este estado de cosas las tensiones territoriales.
En definitiva, se han juntado todos los ingredientes necesarios para que se produjera un gran desafecto ciudadano y se propiciara la irrupción de nuevas opciones políticas en las que la ciudadanía, democráticamente , pudiera desahogar su profundo malestar.
Los dos grandes partidos en los que se ha sustentado la gobernabilidad del Estado desde el año 1978 –PP y PSOE– no tenían otra salida que no fuera la de un compromiso por la regeneración, por la transparencia, por la cercanía, por la lucha contra la corrupción; en definitiva, un compromiso por hacer las cosas de otra manera. Así se lo exigen los ciudadanos, que siguen sin encontrar la iniciativa que esperaban por parte de dichas formaciones.
Aceptado que el cambio de discurso era una exigencia derivada de la situación, faltaba por comprobar si los hechos lo acompañaban. A las primeras de cambio vemos que el gobierno del PP sigue la senda del engaño, de la manipulación, de faltar al respeto a la ciudadanía.
El Parlamento español, con los votos del PP, acaba de aprobar los Presupuestos del Estado para 2016 que, según la Comisión Europea, son papel mojado. El Gobierno de España, con las elecciones convocadas para el próximo mes de diciembre, engaña, manipula, falsea las cuentas estatales por razones meramente partidarias, electoralistas. La Comisión Europea advierte que el próximo Gobierno tendrá que llevar a cabo un ajuste entorno a los 7.000 millones de euros; por lo tanto, más recortes sociales o más impuestos. El propósito de enmienda parece quedarse sólo en eso: en propósito.
Da la sensación de que no han entendido el mensaje que durante los últimos años les ha traslado la sociedad. Un mensaje que, sin duda, sí tendrá reflejo en las urnas de diciembre.
