El 20 de diciembre de 2015 España celebró elecciones generales. Aquel fue el primer test electoral tras el desastre social y económico que había dejado la gran crisis económica, que ahogó al mundo occidental -desde el 2008- arrastrando a nuestro país, que la sufrió con dificultades añadidas. También fue la primera gran ocasión en la que los ciudadanos tenían la oportunidad de expresar su sentir después de los movimientos sociales que se iniciaron el 15 de mayo del 2011, con su punto de partida en Madrid pero con seguimiento y repercusión en más de cincuenta grandes ciudades del Estado. Fue, 2015, el año en que por primera vez que se midió en las urnas el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos ante la grave crisis rupturista que surgió en Cataluña en el 2013. La decisión de los ciudadanos en las urnas fue contundente: muerte y enterramiento del bipartidismo.
España tumbó el bipartidismo. Los partidos convencionales -PP y PSOE- perdieron más de cinco millones de votos y los emergentes -Podemos y Ciudadanos- superaron los ocho millones de apoyos. El sistema político español vigente desde 1977 saltaba aquellos días y semanas por los aires. Se abría así, o al menos lo pareció, una nueva etapa política que no tenía referente en ninguno de los procesos electorales de la democracia española. El bipartidismo, que había sobrevivido durante casi cuatro décadas, llegaba a su fin.
El nuevo tiempo político que se abrió tras las elecciones de aquel 20 de diciembre de 2015 ha tenido muchos claros y oscuros. Es verdad que el sistema se ha oxigenado y que se ha roto la dinámica -y algunos vicios adquiridos- que definió la realidad política española durante casi cuarenta años. Hoy nuestra democracia es más plural y se ha ganado en transparencia. Sin embargo, cabe preguntarse, a la vista de los resultados, si los actores protagonistas de este nuevo tiempo están respondiendo a las expectativas creadas.
El esquema de funcionamiento del sistema, hasta el 2015, era muy sencillo: si no había mayoría absoluta del PP o del PSOE, el que tuviera la mayoría minoritaria se apoyaba en las fuerza territoriales más afines a sus planteamientos. El nuevo mapa político, más diverso al contar con al menos cinco partidos con implantación estatal en el Congreso de los Diputados -PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox- obliga al diálogo y al entendimiento entre, al menos, dos grandes partidos de Estado. Y ahí, en la capacidad para entenderse para formar mayorías estables, es donde el nuevo sistema está haciendo aguas. No falla el sistema, fallan los actores: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias.
España ha perdido cuatro años entre elecciones, moción de censura e investiduras fallidas. Mientras, crece el descrédito de la política y el desapego de los ciudadanos. El pasado jueves quedó patente una vez más la nula capacidad de los actuales líderes políticos del Estado para consensuar la composición de una alianza electoral que dé al país estabilidad y crédito interno y externo. Tanto en el resultado final, como en las formas con las que se gestionó, en pretendido acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos ha terminado en un frustrante fracaso.
Las ilusionantes expectativas que se abrieron el 20 de noviembre del 2015 se han ido apagando paulatinamente por la incapacidad de los partidos a la hora de conformar acuerdos que permitan armar gobiernos estables y duraderos. La renuncia de Rajoy a presentarse a la investidura y el posterior fracaso -el 4 de marzo del 2016- de Pedro Sánchez, abrió el carrusel de desatinos que está castigando a la política española. El resultado electoral del pasado 28 de abril obligaba al diálogo para alcanzar una mayoría estable de gobierno. Ochenta y ocho días después todos hemos sido testigos del fracaso e incapacidad de la nueva política para alcanzar acuerdos que beneficien el interés general, pero no cabe culpar al sistema y sí a los actores principales de los últimos fracasos.
