Alberto Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, criticó la rotunda respuesta de la ministra Magdalena Valerio al negarse a la rebaja de la edad de jubilación de los 67 a los 65 años.
“Nosotros somos conscientes de esta realidad. La realidad de tener 67 años y estar trabajando en la construcción subido en un andamio, de tener 67 años y estar cambiando las sábanas y limpiando baños en una habitación de hotel, de tener 67 años y estar recogiendo tomates o fresas en un invernadero”, respondió Rodríguez a Valerio, a la vez que criticó la ausencia de respuestas a las preguntas concretas formuladas por el grupo morado.
La situación del empleo, de las pensiones, de los autónomos y autónomas, de la migración y de las trabajadoras domésticas ocuparon el discurso del diputado Rodríguez, con numerosas preguntas al respecto.
“¿Qué podemos esperar de su mandato?, ¿qué pueden esperar las clases populares?, ¿qué mejoras pueden esperar las trabajadoras y trabajadores, los pensionistas, los trabajadores autónomos, las empleadas del hogar, o los parados y paradas, especialmente los de larga duración?”, ha espetado este martes a Valerio, que ha comparecido para explicar las actuaciones a desarrollar en los próximos meses por parte de su Ministerio y que solo respondió a la cuestión de la edad de jubilación, con una rotunda negativa.
En su intervención, Rodríguez manifestó sus recelos hacia las intenciones del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, pues, por ejemplo, “el PSOE se opuso en el Senado a nuestra enmienda a los Presupuestos para dejar sin efecto la medida impuesta por el PP aquí en el Congreso, consistente en postergar hasta 2024 la entrada en vigor de la plena integración de las trabajadoras domésticas que estaba prevista para 2019”.
Rodríguez también preguntó a la ministra “si el gobierno tiene pensado subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)” y en ese caso, que por favor especificara “en qué cantidad y en qué plazo”. También le exigió la derogación de la reforma laboral de 2012, que solo ha servido “para facilitar la destrucción de empleo a bajo coste, la universalización del contrato temporal sin causa, la consolidación del contrato a tiempo parcial no deseado, la reducción de las garantías de los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, el debilitamiento del poder de los sindicatos”.
“¿Qué piensa hacer el Gobierno con la temporalidad que afecta al 27% de los trabajadores y trabajadoras?”, cuestionó Rodríguez, que en su intervención aprovechó para recordar los escalofriantes datos de precariedad en España, a saber: 1.401.000 contratos indefinidos con jornada parcial, 150.000 personas fijas-discontinuas, 3.105.000 contratos temporales a jornada completas entre otros. “En total son más de nueve millones de personas, una cifra equivalente a 48% del total de la población, que vive en la precariedad laboral”, declaró.
En cuanto a las pensiones, y pese a recordar que este año, “gracias a la movilización de la marea de pensionistas”, se consiguió un incremento de hasta el 1,6%, “todavía queda mucho camino y se hace necesario derogar el índice de revalorización y volver a indexar las pensiones al IPC, eliminar el factor de sostenibilidad o devolver a todas las personas pensionistas de este país el dinero robado por el Gobierno del PP en 2016 y 2017”.
El diputado canario de Podemos en el Congreso, férreo defensor de las pensiones dignas, preguntó una vez más, si estará entre los planes del nuevo Gobierno elevar la cuantía de las pensiones mínimas y de las no contributivas al umbral de la pobreza fijado por Eurostat para nuestro país, es decir de 650 euros.
“Solo hay una, nuestra Proposición de Ley sobre revalorización de las pensiones y supresión del factor de sostenibilidad. ¿Qué vamos a hacer, tiene algún Plan para recuperar el poder adquisitivo de las pensiones?, ¿lo van a pagar los bancos?, ¿cree que podremos elevar las no contributivas a unas cuantías propias de un país desarrollado?”, insistió Rodríguez durante su intervención.
Sobre los trabajadores y trabajadoras autónomas, Rodríguez insistió en la idea de que se merecen cotizar en función de sus ingresos a partir del SMI y que aumenten su protección social con derecho a vacaciones, bajas, jubilación y cese de actividad.
