Mientras en otros territorios el PP sale en defensa de sus comunidades autónomas, en Canarias los populares callan, miran hacia otro lado y, lejos de defender el interés de Canarias, ejercen de portavoces de ministros y petroleras.
Ahora que el Ministerio de Hacienda ha determinado los techos de déficit de las comunidades autónomas con el decepcionante resultado que hemos visto, toca de nuevo centrar la atención en el sistema de financiación autonómica. O mejor dicho, en su modificación.
Hemos de recordar que la financiación autonómica es, básicamente, el dinero que el Estado distribuye entre las comunidades autónomas para que éstas presten los servicios públicos esenciales: la sanidad, la educación o las políticas sociales
Canarias pierde al año 800 millones de euros con respecto a la media de lo que reciben el resto de autonomías españolas. Entre otras cosas, de haber contado con una financiación adecuada, habríamos podido encarar estos últimos años de enormes dificultades y sacrificios con mayor holgura.
A todas luces, el actual modelo se ha revelado como perverso e injusto y no responde a las necesidades de Canarias ni de otras muchas comunidades autónomas.
De hecho, desde hace muchos meses vengo insistiendo en la necesidad de una revisión del actual sistema de financiación autonómica. Es de sobra conocida mi opinión al respecto, de la que he dejado constancia en múltiples intervenciones públicas y, especialmente, en la última Conferencia de Presidentes, en la que se acordó el inicio de los trabajos para la revisión del sistema.
Basta rescatar de las hemerotecas algunas de las declaraciones realizadas sobre el modelo de financiación:
“No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie porque en estas circunstancias quienes están padeciendo son todos los ciudadanos”.
“No podemos seguir siendo castigados con un sistema injusto”.
“El Gobierno tiene que cambiar ese modelo que nos ha hecho un agujero importante en nuestras cuentas”.
“No es de recibo que se atienda más a los territorios que a las personas y que haya, por tanto, personas de un territorio concreto, llámese Cantabria, Cataluña o cualquiera otro, que pueda tener una financiación per cápita infinitamente superior a la que tienen otros”.
Fin de las citas.
Estas citas recogen fielmente la posición que defiendo con respecto al actual sistema de financiación. Solo que, en esta ocasión, esas declaraciones que reproduzco textualmente y entrecomilladas, pertenecen a destacados presidentes autonómicos del PP.
Las citas son de José Ramón Bauzá, presidente de Baleares; Ignacio González, presidente de Madrid; Alberto Fabra, presidente de Valencia, y Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia.
Como se puede apreciar, existe una reivindicación coincidente y compartida entre estas comunidades autónomas, especialmente perjudicadas por el actual sistema; autonomías, por otra parte, gobernadas por el mismo partido que tiene en sus manos la posibilidad de acometer cambios en el modelo.
A ninguno de ellos le duelen prendas realizar críticas al Gobierno del Estado y demandar una revisión del sistema de financiación que consideran muy lesivo. La defensa de los intereses de los ciudadanos de sus respectivas comunidades autónomas está por encima de los intereses de partido.
Mientras en otras comunidades autónomas el PP se pone del lado de sus ciudadanos, en Canarias dan la espalda al territorio que dicen representar, anteponiendo la defensa de ministros o petroleras al interés de Canarias.
En este sentido, el PP canario es un caso excepcional: es el único PP que ejerce de portavoz de los ministerios y no de los intereses de su comunidad autónoma. A la vista está, a diferencia de lo que sucede en otras CCAA, los canarios no pueden contar con el PP porque no están ni se les espera en la defensa de Canarias. Basta recuperar y confrontar las declaraciones de los representantes del PP en otras comunidades con la posición del PP canario respecto, por ejemplo, a la financiación; la realidad los deja en evidencia.
Me pregunto cuándo el Partido Popular de Canarias tomará una posición similar y se pondrá del lado de todos los canarios, de aquellos que están siendo discriminados en el reparto del dinero que se destina a mantener nuestra educación y sanidad públicas y nuestras políticas sociales. Sería un magnífico ejercicio de responsabilidad y lealtad hacia aquellos a quienes se debe en última instancia: no solo a sus propios votantes sino al conjunto de la ciudadanía del Archipiélago.
Ésa y no otra es la razón de ser de cualquier organización política, por encima de las aspiraciones individuales de quienes la conforman.
