La semana pasada tuvo lugar una reunión en la sede local de Nueva Canarias San Bartolomé de Tirajana cuyo fin es encontrar una solución para que se regule de alguna manera el régimen del “todo incluido” que tanto afecta a las pymes de nuestro municipio.
En dicha reunión, a la que asistieron representantes de la FECAO, así como concejales del partido y miembros del consejo local, se dio a conocer la moción que el grupo nacionalista llevará a pleno y que recoge, entre otros aspectos, algunas propuestas como que “en las zonas o municipios turísticos que tengan centros comerciales o en primera línea de playa, es decir, en un diámetro de 500 metros entre establecimientos complementarios, no pueda haber todo incluido”. (Se adjunta moción completa)
El 33% del turismo, es decir, uno de cada tres turistas que viajan a las islas, 13 mil visitantes este año, vienen con todo incluido. En cinco años, el todo incluido ha pasado de un 18% a un 33%. Esto ha acabado con la pequeña y mediana empresa y con los autónomos (restauración, ocio nocturno) que representan el 85% de la masa empresarial, por tanto los que más contratan, los que más impuestos pagan, etc.
Frente a estas cifras, se exige la regulación del todo incluido, que no su prohibición, para ofrecer servicios de calidad acorde con las estrella de los hoteles y fomentar un nuevo modelo turístico alternativo de calidad, que es lo que se está demandando.
MOCION:
Dª. MARÍA DEL PINO TORRES MELIÁN, con DNI 42.770.548 R, concejala Portavoz del Grupo político NC en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la consideración del próximo Pleno Ordinario de la corporación, la siguiente MOCIÓN para promover una DECLARACION INSTITUCIONAL del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a favor de que se regule el todo incluido en Canarias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años y de manera creciente, hemos visto, como consecuencia de la crisis económica y la consecuente desaceleración, como de forma continuada se ha ido destruyendo tejido empresarial principalmente dentro del sector de la pequeña y mediana empresa (PYMES). Por ello y porque, tanto nuestra Constitución como el marco jurídico existente, obligan a las diferentes Administraciones públicas, principalmente al Estado, a ser sensibles con esta situación y a buscar soluciones eficaces y suficientes a la misma que atenúen el impacto de la crisis y contribuyan a salir de ella cuanto antes. La Plataforma “Salvemos las Pymes”, la Federación Canaria de Ocio y Restaurantes, La Confederación UNEC SIGLO XXI y la Asociación de Empresarios y comercios diversos, se han dirigido a los representantes políticos para que el Pleno de este Ayuntamiento sea sensible, al margen de credos políticos, con esta moción, la apruebe e impulse al estamento competente siguiendo lo establecido en el solicito de la misma, pues la cooperación económica e incluso administrativa o técnica entre la Administración local y la del Estado y la Comunidad Autónoma, en asuntos de interés común, como es la superación de la crisis económica y de la situación de desempleo que agobia a muchas familias y afecta tanto al municipio, como a Canarias y al Estado, en general, debe ser motivo de preocupación continua que impulse cualquier iniciativa en la adecuada dirección y sentido, como es la que motiva esta Moción.
Cabe recordar que constitucionalmente es El Estado quien tiene competencia exclusiva - para “crear las Bases y la Coordinación de la planificación general de la actividad económica del país” (CE, artículo 149.1.13º) y “las CCAA – como Canarias – sólo podrán asumir competencias en materia de desarrollo económico pero, eso sí, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional” (CE, artículo 148.1.13º); nuestra Constitución también establece en su Titulo VII, sobre “Economía y Hacienda”, en concreto en su articulo 131.1 que “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su mas justa distribución” y, para más ahondamiento, en el artículo 131.2 el Constituyente establece “una obligación de asesoramiento y colaboración de las organizaciones empresariales y económicas para con El Estado al objeto de que éste realice una correcta Planificación económica”, entonces ¿Quién tiene la competencia para establecer y desarrollar las bases, los cimientos, en materia económica en este país y construir una adecuada coordinación y planificación económica: el Estado o la Comunidad Autónoma?, parece claro que es el Estado.
A su vez, la crisis y su impacto en las empresas con el consecuente cierre de las mismas, principalmente PYMES, ha provocado un incremento dramático del paro, en general, y sobre todo del paro juvenil que va a provocar un retraso social que puede afectar a próximas generaciones como no se ponga solución adecuada a ello. Tanto en España, como en Canarias, el paro juvenil – personas entre 20 y 25 años - supera el 54%, eso hace insostenible el futuro de una sociedad y en mejorar estas cifras deben las Administraciones empeñar todo su esfuerzo. Lo cierto es que es el Estado quien tiene las “competencias de forma exclusiva en legislación laboral” y así lo establece nuestra CE en su artículo 149.1.7º, dejando a las CCAA solo la ejecución de la misma, pero siempre dentro de los planes y financiación que, a tal fin, establezca El Estado en políticas activas de empleo, por tanto es el Estado quien debe, consensuadamente con las CCAA, establecer y modular políticas adecuadas y eficaces que atiendan a cada región en función de sus singularidades o especificidades no solo laborales, sino territoriales – como es ser archipiélago y estar a más de 2000 Km. del territorio continental – lo que las hace más dependientes y tiene una influencia directa, tanto en superar la crisis como en mejorar las tasas de desempleo.
Estos son momentos muy duros, en los que todos los días cierra sus puertas al público alguna PYMES y, por todo ello, nos sentimos con responsabilidad para demandar a cualquier Administración Publica. Desvinculando las palabras de las afinidades políticas y centrándose en como aportar ideas para salir de la crisis y, si es posible, más unidos y fuertes. Pero salir todos de la crisis. Por todo ello instamos que la Administración pública tiene que ser más eficaz y eficiente, un objetivo para la creación de empleo y aglutinador, pero siempre consciente de cuál es nuestra realidad geográfica y nuestra estructura económica que implican limitaciones, no solo, empresariales, sino laborales e incluso sociales que no se dan en el territorio continental.
Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos a este Pleno las siguientes PROPUESTAS
PRIMERO.- Instar, al Ayuntamiento, al Gobierno de Canarias y al, Gobierno de la Nación, regular el TODO INCLUIDO.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno del Estado a:
a)Que se luche con más ahínco en favor de la defensa de las singularidades que Canarias tiene reconocidas por la propia Unión europea y nuestra Constitución y que esto se manifieste en el respeto de los preceptos y obligaciones legales establecidas en la Ley 19/1994 de 6 de julio, del Régimen Económico y Fiscal (REF), autentica constitución de Canarias recogida en la disposición adicional tercera de nuestra Carta Magna.
b)Que en aquellas zonas o Municipios Turísticos que tengan centros comerciales o en primera línea de playa, es decir en un diámetro de 500 metros entre establecimientos complementarios y hoteleros, no pueda haber todo incluido.
c)Que se haga una regulación en la que se recoja que, para poder ofrecer todo incluido se establezca “un baremo entre los factores de tipo de establecimiento, categoría, marca y producto que se oferta, control de acceso de menores al alcohol, número de habitaciones, ratio de ocupación, número de trabajadores que presten servicio y categoría o calificación de los mismos”.
TERCERO.- Instar al Gobierno del Estado para que: Legalice el alquiler vacacional y es que los empresarios explican que esta modalidad seria una solución al sector servicio y sería una manera más de hacer turismo y no crear monopolios, que solo benefician a unos pocos y sobre todo fuera de Canarias.
CUARTO.- Dar traslado de la presente moción a los Cabildo de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado.
QUINTO.- Dar traslado de esta Moción al Rey de España, como Jefe del Estado y persona que asume la más alta representación del mismo (art. 56.1 CE), donde ha manifestado públicamente, su preocupación por la situación de crisis económica así como de desempleo que se vive en España, prestándose a colaborar e impulsar posibles soluciones al respecto, mucha mayor preocupación le originará el impacto de la misma en Canarias, cuando esta Comunidad Autónoma tiene las peores ratios en la materia.
SEXTO.- Enviar copia de estos acuerdos a la Comisión Promotora de esta iniciativa; Confederación UNEC SIGLO XXI, (PLATAFORMA ÚNETE) cita en la C/ Venegas 41, 4º Planta, 35003, Las Palmas de Gran Canaria.
