Nueva Canarias (NC) recupera 215 millones de euros de las rebajas fiscales “irresponsables” de los presupuestos para 2019 del Gobierno de CC, apoyados por el PP y la ASG, para invertir en gasto social y promover políticas destinadas a responder a las necesidades de los ciudadanos. Los nacionalistas progresistas inyectan 45 millones más para atender al 40,2% de la población en riesgo de pobreza, otros 85 millones de incremento para la sanidad, 60 millones a educación para tratar de cumplir con el compromiso de invertir el 4% del PIB local y 25 millones de euros para comenzar a recuperar el derecho quebrado de la vivienda. Las 162 emiendas parciales al Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias (PCAC) para el próximo año mejoran las partidas del tripartito conservador para la movilidad, recuperan la Academia Canaria de Seguridad y fomentan las energías renovables. Nueva Canarias destina además fondos para impulsar el Plan de Vivienda Canario de 2019 a 2022, que se presentará en breve, así como para nuevas leyes aprobadas o en tramitación; como la de memoria histórica, bibliotecas y deporte, que el Ejecutivo de CC ha dejado en cero euros o muy poco dotadas.
Los diputados de NC, Román Rodríguez, Esther González y Luis Campos, presentaron hoy las 26 enmiendas al articulado y las 136 a los estados financieros dirigidas a “corregir” las cuentas del tripartito conservador para promover una ley “más social” mediante la generación de ingresos, una “mejor” distribucion del gasto y para paliar la situación de las personas que “peor lo pasan”.
A través de las 26 enmiendas al articulado, según los diputados, “recuperamos” 215 millones de euros a través de una “revisión profunda” de las “irresponsables” rebajas fiscales del Ejecutivo. De esta manera, tal y como explicaron, se incorporan los 12,2 millones de euros de la exención tributaria de la factura de la luz, otros 74,5 millones de euros de la bajada del IGIC del 7% al 6,5%, 28 millones de euros del IRPF que no beneficia a las rentas bajas y 30 millones de euros más del impuesto de Sucesiones y Donaciones rediseñado con criterios de progresividad. Otros 40 millones de euros se rescatan de la bajada fiscal a la telefonía móvil además de obtener 30 millones de ingresos extras con el incremento del IGIC al lujo.
La distribución de los 215 millones de euros “de más incorporados” al presupuesto se haría para “favorecer el bienestar” ciudadano al destinar 45 millones de euros para combatir la pobreza. Una cantidad que se añaden a los 30 millones de euros logrados por NC en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que próximamente recibirá el Gobierno de Canarias. De esta cantidad, el Ejecutivo gestionará 18 millones de euros y los ayuntamientos, los 12 millones de euros restantes.
Por tercer año consecutivo, los diputados nacionalistas apuestan por la creación de la renta básica o de ciudadanía con propuestas “más ambiciosas” que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) al aumentar la cuantía básica mensual a recibir que pasa de los 475 euros mínimos a 563,96 euros, el 90% del IPREM.
Para los nacionalistas progresistas, la sanidad necesita mejorar sus partidas para recuperar el deterioro de la crisis y, por ello, proponen que se aumenten sus fondos en 85 millones de euros, el doble. Sesenta millones de euros más recibe educación para tratar de llegar a una inversión del 4% del PIB canario. Con 230 millones de euros totales en este departamento, Nueva Canarias aporta aumento mayor para el 2019 que el asignado por un Ejecutivo que dispone de un presupuesto total cercano a 9.000 millones de euros.
Para NC, la vivienda es un derecho “quebrado” en Canarias al “no haber sido una prioridad” gubernamental desde 2012. Por ello, plantean que crezca esta partida en 25 millones de euros para llegar, en total, a 30 millones de euros.
En relación a las 136 enmiendas parciales a los estados financieros, esta formación nacionalista ha cambiado el destino de 52,2 millones de euros de gasto e inversiones para todas las islas y municipìos. Para movilidad, territorio y políticas económicas (agricultura, turismo, industria y energía y depuración), redistribuye 27 millones de euros.
