Nueva Canarias (NC) ha presentado su iniciativa para crear una renta de ciudadanía de 563 euros de base y hasta 812 euros mensuales en funciòn de los miembros de la unidad de convivencia y destinada a unos 60.000 beneficiarios potenciales de las islas, que se encuentren en situación de exclusión social, en riesgo de pobreza, sean pensionistas, desempleados sin prestaciones o trabajadores con sueldos precarios y que no puedan sufragar las necesidades básicas mínimas para tener una vida digna. Los nacionalistas progresistas registraron hoy la proposición de ley en el Parlamento, que detalla las fuentes de financiación precisas y viables para su total despliegue en tres años mediante el “rescate” de las rebajas fiscales “irresponsables y oportunistas” del Gobierno de CC, apoyado por el PP. Esta ayuda estará “condicionada” a unos programas para la inserción laboral o inclusión social, cuando fuere necesario, es “complementaria”, “evaluable” para evitar fraudes y “compatible” con otros servicios como los educativos y de la dependencia.
Después de tres enmiendas a la totalidad de NC a los presupuestos del Gobierno en minoría de CC de 2017, 2018 y 2019, apoyados por el PSOE y el PP; y de sucesivas propuestas de resolución en los debates de la nacionalidad, los diputados nacionalistas progresistas han llevado a la Cámara una iniciativa para regular por ley la renta de ciudadanía canaria.
Esta propuesta surge, según explicaron Román Rodríguez, Luis Campos y Pedro Rodríguez, porque la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en vigor “no sirve, ha quedado desfasada” ante los cambios sociales producidos por la última década de la crisis económica. Se referían al 40,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, los pensionistas no contributivos, principalmente; los desempleados sin prestaciones y a los trabajadores con sueldos precarios que “no pueden pagar unas necesidades mínimas básicas” como la luz, el agua y los alimentos, que “garantizan unas condiciones de vida dignas”.
Nueva Canarias propone que este nuevo instrumento destinado a promover la igualdad social se despliegue, desde su entrada en vigor, en los tres ejercicios económicos sucesivos, momento en el que puede llegar a unos 60.000 beneficiarios potenciales frente a los actuales 11.000 de la PCI.
Los receptores recibirán, de entrada, 563 euros en doce mensualidades, 93 euros más que la prestación de inserción. Una cantidad que se amplía en función de los miembros de la unidad de convivencia para llegar hasta los 812 euros si está compuesta por cinco personas. Esta nueva prestación estará ligada, condicionada, a unos programas o herramientas destinadas a la inserción laboral o a la inclusión social, en función de la situación individual de los beneficiarios y cuando sea necesario.
Para poder solicitar la misma se exige, como mínimo, un año de residencia en el Archipiélago o tres años de empadronamiento a contar desde los últimos días, ser mayor de 25 años y disponer de unos ingresos inferiores a la cuantía de la renta de ciudadanía. Servirá para “complementar” hasta llegar a los 563 euros.
Diseñada en consonancia con la reforma de la ley de servicios sociales que aborda en estos momentos el Parlamento, NC prevé que la renta de ciudadanía necesite, en total, unos 300 millones de euros frente a los 57 millones de la PCI, que se financiarán con el “rescate de las irresponsables y oportunistas” rebajas fiscales del Ejecutivo de CC, apoyado por el PP, así como de los recursos del Servicio Canario de Empleo, los servicios sociales y los presupuestos estatales. Será compatible con otras ayudas recibidas en materia de educación, dependencia u otros servicios públicos y “evaluable” para evitar fraudes.
Los diputados nacionalistas afirmaron que, con su proposición de ley, se cumple con los derechos reconocidos a los canarios en los artículos 24 y 36 del nuevo Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el pasado mes de noviembre. Aseguraron además que este instrumento para llegar a cubrir las necesidades mínimas para una vida digna y reducir la desigualdad social en las islas volverá a ser uno de los compromisos electorales de NC para la próxima legislatura.
