Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) votó hoy, en el pleno del Parlamento, en contra del dictamen del proyecto de ley de licencias urbanísticas del Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP) por usar la grave crisis habitacional del Archipiélago como coartada para privatizar el control urbanístico. La diputada Carmen Hernández defendió que Canarias necesita una nueva ley de la vivienda para frenar la especulación promovida por CC y el PP, apoyados por ASG y la AHI. La parlamentaria Esther González denunció que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo impuso enmiendas sobre la vivienda vacacional ajenas al proyecto de ley y sin voluntad alguna para llegar a un consenso con los grupos de la oposición.
En el debate previo a la votación final, Carmen Hernández apeló a la necesidad de adoptar medidas urgentes y valientes frente a la gravedad de la crisis habitacional. Sin embargo, advirtió de que la vivienda “no puede ser la excusa para privatizar” el urbanismo.
La diputada del grupo nacionalista progresista sostuvo que el urbanismo no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta de planificación que determina el crecimiento de los municipios, la ubicación de los equipamientos públicos (escuelas, centros de salud y demás), la construcción de viviendas y la protección del territorio.
Por este motivo rechazó que el control de las licencias pueda trasladarse a entidades privadas y defendió que siga siendo una competencia plenamente pública, al servicio del interés general. NC-BC defiende, tal y como indicó, que el urbanismo “siga estando bajo el control público, de los dueños y dueñas de esta tierra, que es el pueblo canario. Por eso nos parece una verdadera perversión política lo que hace este Gobierno, utilizar el mayor problema social de esta tierra, la vivienda, como excusa, como coartada para privatizar el suelo” en Canarias, censuró la ponente.
Hernández aseguró que el verdadero problema de la vivienda en Canarias no reside en la tramitación de las licencias municipales, sino en la ausencia de una política pública eficaz tras 30 años de gobiernos de Coalición Canaria (CC). “Están consiguiendo fracturar a esta tierra en dos Canarias, la que tiene vivienda y la que no va a poder tener vivienda”, censuró.
Aseguró que, aunque mañana las licencias se concedieran en la mitad de tiempo, “seguiríamos teniendo viviendas vacías, un parque público insuficiente, alquileres desorbitados y un mercado completamente tensionado".
Criticó la incorporación de la figura de la vivienda asequible incentivada en los términos planteados por el Gobierno de Clavijo, al entender que “favorece la especulación”. Explicó Hernández que permite la construcción de promociones privadas beneficiadas con ventajas fiscales y urbanísticas para que pasen al mercado libre trascurridos solo siete años de protección. Es el “modo especulador” de Clavijo, denunció.
En su opinión, la especulación es un “caballo desbocado en esta tierra y ustedes no le quieren parar las patas. No les interesa controlar ni a las grandes inmobiliarias ni a los grandes especuladores”, recriminó la parlamentaria de NC-BC.
Como alternativa, Carmen Hernández reclamó una nueva ley canaria de vivienda que impulse la movilización de residencias vacías con seguridad jurídica, refuerce la promoción de vivienda protegida, permita declarar zonas tensionadas donde sea necesario y contemple una intervención efectiva sobre el mercado para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Vivienda Vacacional
Esther González centró su intervención en las formas empleadas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por los grupos del Ejecutivo. Recordó que la norma concebida para agilizar las licencias urbanísticas terminó incorporando numerosas enmiendas relativas a la vivienda vacacional, completamente ajenas al objeto inicial del texto.
A su juicio, esta forma de proceder evidencia "una manera de gobernar basada en la imposición", en la que desaparece el debate parlamentario y se bloquean las propuestas de la oposición.
González explicó que, durante la sesión de esta mañana, los grupos de la oposición intentaron alcanzar un acuerdo para retirar las enmiendas presentadas in voce que modificaban cuestiones no incluidas en el texto original. En ese contexto, NC-BC retiró cuatro suyas con el objetivo de facilitar el consenso, al igual que hizo la Agrupación Socialista Gomera.
Sin embargo, denunció que CC, el PP y la AHI rechazaron cualquier posibilidad de acuerdo, obligando a la oposición a oponerse a la admisión de dichas enmiendas.
La diputada rechazó además las acusaciones de falta de apoyo a los afectados por la erupción volcánica de La Palma al afirmar que el rechazo respondía exclusivamente al intento de alcanzar un consenso que finalmente fue imposible por la negativa de los grupos del Ejecutivo de Clavijo.
