La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González defendió en el Parlamento de Canarias el derecho de las familias a residir en sus viviendas situadas en zonas turísticas y reclamó una solución legal para los propietarios que, pese a haber adquirido sus inmuebles legalmente, se enfrentan a restricciones sobre su uso residencial.
Durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para modificar la normativa de renovación y modernización turística y la regulación del uso turístico de viviendas, González respaldó la tramitación de la iniciativa para buscar una salida a las familias afectadas.
«Las casas de los canarios y las canarias no son habitaciones de hotel y sus propietarios no tienen por qué renunciar a sus derechos», afirmó la diputada, que cuestionó las consecuencias de la normativa para quienes compraron sus viviendas, pagaron sus impuestos y establecieron en ellas sus hogares.
La parlamentaria también recordó a Mari Carmen, cuyo fallecimiento mencionó durante su intervención para trasladar su preocupación por las familias que, según señaló, viven con angustia ante la posibilidad de no poder seguir residiendo en sus casas.
Críticas al Gobierno de CC y PP
González acusó al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo de poner en riesgo los derechos de miles de propietarios y criticó que el Gobierno informara desfavorablemente sobre la tramitación de la proposición de ley.
La diputada cuestionó la contradicción que, a su juicio, existe entre el discurso institucional sobre la falta de vivienda en Canarias y las consecuencias que las restricciones al uso residencial pueden tener sobre inmuebles en los que ya viven numerosas familias.
«¿No faltan viviendas en Canarias? Entonces, ¿por qué ponen en peligro los derechos de quienes ya tienen una?», planteó.
Asimismo, recordó que Clavijo se comprometió durante la campaña electoral de 2023 a buscar una solución para las personas afectadas. González criticó que el Ejecutivo remita a las competencias municipales cuando se le pregunta por las restricciones residenciales y, al mismo tiempo, contemple sanciones que, según indicó, parten de los 2.500 euros.
Viviendas familiares frente a la explotación turística
La representante de NC-BC insistió en que muchas de las personas afectadas adquirieron sus inmuebles sin que sus escrituras o inscripciones registrales las obligaran a destinarlos a la explotación turística.
En este sentido, defendió que el debate sobre la ordenación del uso turístico debe tener en cuenta la situación de las familias, sus ahorros, las hipotecas asumidas y los proyectos de vida vinculados a sus viviendas.
González sostuvo que los derechos de los propietarios no deben quedar supeditados a los intereses económicos de las grandes empresas turísticas y defendió que las familias no tengan que renunciar a residir en sus casas para facilitar su explotación comercial.
La parlamentaria concluyó trasladando su apoyo a las personas afectadas y aseguró que Nueva Canarias-Bloque Canarista seguirá defendiendo una solución que permita compatibilizar la regulación turística con el derecho de los propietarios a utilizar sus viviendas como residencia.
