NC apela al Parlamento a recuperar un crecimiento turístico sostenible

PRENSA NC (28-11-2018)

Rodríguez ofrece para el debate las siete enmiendas a la reforma de Clavijo para establecer además una reglamentación rigurosa del alquiler vacacional

NC apela al Parlamento a recuperar un crecimiento turístico sostenible

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha apelado a la responsabilidad del Parlamento para “recuperar” el crecimiento turístico sostenible, los mecanismos de control desmantelados por el Gobierno de CC. Los nacionalistas progresistas ofrecieron para el debate las siete enmiendas parciales registradas al Proyecto de Ley (PL) por el que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley de 2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Rodríguez explicó que las propuestas alternativas de NC pretenden fijar una regulación rigurosa del alquiler vacacional, evitar la “barra libre” en la construcción de nuevos establecimientos hosteleros fomentada por el Ejecutivo de Fernando Clavijo y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible de calidad que garantice el futuro del principal sector económico de las islas.

Durante la comparecencia solicitada al consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, el portavoz de NC acusó al Gobierno de haber desmantelado el modelo de crecimiento “contenido” decidido por el Parlamento, con las leyes aprobadas entre 1995 y 2003. Un proceso que ha dado paso, en opinión de Rodríguez, a un proceso “desarrollista, sin control, sometido a los intereses del mercado, que son los intereses de la minoría, y tensionado por el alquiler vacacional, el nuevo fenómeno sobrevenido que campa a sus anchas” en las islas con 135.000 camas detectadas, de las que sólo 18.000 son legales.

Las consecuencias de la desregulación, en opinión de NC, ha derivado en el consumo masivo del territorio, de infraestructuras, deterioro de los servicios públicos y por último, la construcción ilimitada de nuevas plazas alojativas con la reforma de la PL del gabinete de Clavijo, que se tramita en estos momentos en la Cámara.

Román Rodríguez apeló a la responsabilidad del Parlamento para “recuperar” los mecanismos de control para un crecimiento ordenado y sostenible que garantice el futuro del sector. Tras censurar al Gobierno de CC que incumpliera los compromisos adquiridos para hacer un estudio sobre la capacidad de carga del territorio, para desarrollar los reglamentos de los estándares de calidad, para realizar la evaluación exigida por la norma de 2015 sobre la renovación y modernización turística y sobre el nuevo decreto del alquiler vacacional; el portavoz de NC reprochó al Ejecutivo de CC que se haya limitado a “ir a ferias y contar turistas”.

Los nacionalistas progresistas ofrecieron al resto de los grupos para el debate las siete enmiendas parciales registradas a la reforma turística gubernamental, que además reflejan la apuesta de NC por la rehabilitación y renovación del sector y por un crecimiento controlado y ordenado.

Tres de ellas dirigidas a “dar una mayor seguridad jurídica” al alquiler vacacional al fijar, por ley, unos requisitos “mínimos” para desarrollar una actividad que genera “muchos problemas” a la industria turística reglada, en el mercado del arrendamiento de larga estancia y en la convivencia entre los vecinos de los edificios residenciales.

Estas enmiendas de adición excluyen el alquier vacacional en suelo turístico, permiten que el planeamiento urbanístico limite o excluya la comercialización de viviendas vacacionales en determinadas zonas o en la totalidad de un municipio y que el ayuntamiento, mediante acuerdo del pleno, delimite provisionalmente las zonas para desarrollar esta actividad hasta que el planeamiento urbanístico no determine las zonas aptas para su comercialización. Además, las comunidades de vecinos por mayoría decidirán si permiten o prohíben el alquiler vacacional.

Con respecto a las otras cuatro enmiendas parciales, NC mantiene su oposición a la derogación definitiva de la moratoria. En base a esta posiciòn, se plantea un crecimiento alojativo con un límite cuantitativo orientativo de un 1% de las plazas legales existentes y establecer un sistema de seguimiento e inspección de la oferta alojativa, dotada con el personal necesario.

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