La portavoz del PSOE en San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha destacado las graves conclusiones del último informe de resumen anual de control interno realizado por parte de la la intervención municipal que ha sido presentado hoy en la Comisión Especial de Cuentas. Un documento que certifica el descontrol administrativo en la Concejalía de Vivienda que dirige Alejandro Marichal y la concejal Lucía Jiménez, que lanza un varapalo directo contra el acuerdo suscrito con Visocan.
Tal y como ha explicado Narváez, la Intervención advierte de forma tajante que los graves errores detectados en el convenio firmado con Visocan siguen sin solucionarse. Una vez más, recuerda, “se pone en evidencia que la gestión de Alejandro Marichal con Visocan hace aguas por todas partes” según la interventora, poniendo en riesgo el dinero público y la propia construcción de las viviendas en el municipio.
Un cúmulo de irregularidades por las que la interventora indica en el mismo informe que da un ultimátum de tres meses al alcalde, Marco Aurelio Pérez, para que presente un plan de choque que detalle cómo va a solucionar todas estas deficiencias, errores e incumplimientos que ha cometido su grupo de gobierno.
Para los socialistas, este bloqueo en los despachos es la causa directa del abandono que sienten los ciudadanos. Durante el pleno ordinario de este jueves, Narváez llevó este malestar al salón de plenos y denunció la total falta de transparencia que sufren las familias que esperan por una de las 54 viviendas protegidas proyectadas en Lomo de Maspalomas. "Anuncian la licitación, pero tienen a los demandantes completamente a ciegas, sin publicar los requisitos ni los baremos de puntuación. Los vecinos van de oficina en oficina perdiendo el tiempo porque nadie les aclara nada", lamentó la portavoz, exigiendo al grupo de gobierno que sea claro y deje de jugar con la desesperación de la gente.
Durante la sesión, el concejal Kevin Paz defendió una iniciativa para proteger las señas de identidad del municipio. El edil exigió al Cabildo que reactive la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de quince espacios históricos que corren peligro tras haber caducado sus trámites por dejadez política, mencionando lugares emblemáticos como la Casa Condal de San Fernando, el Molino de Cazorla o la Ermita de Santa Águeda. "Un pueblo que da la espalda a su historia termina perdiendo su identidad colectiva", recordó.
Además, aprovechó su turno de ruego y pregunta para trasladar las reiteradas quejas de los vecinos y vecinas del entorno del Patronato de San Fernando, que denuncian las serias dificultades para transitar por la zona debido a la falta de alumbrado público, el deterioro de aceras, bordillos y asfaltado, así como graves carencias en materia de accesibilidad que afectan especialmente a personas mayores y con movilidad reducida, exigiendo al grupo de gobierno explicaciones por la falta de actuaciones urgentes para corregir la situación.
Por su parte, el concejal Bartolomé Acosta reclamó explicaciones por el estancamiento de la fiesta del Asadero de Pescado de Santa Águeda. A pesar de que el pleno acordó por unanimidad en octubre pedir al Cabildo su declaración como Evento de Interés Turístico, junto a otras festividades de otros barrios del municipio, Acosta denunció que la Alcaldía y la Concejalía de Festejos tienen el trámite paralizado y aún no han enviado el expediente, frenando un reconocimiento muy esperado por todo el barrio.
Para cerrar, Clara Inés Martel llevó al pleno las inquietudes generadas por el cambio de ubicación del escenario de "Masparranda", celebrado la semana pasada en el Poblado de San Fernando. Al comprobar que dicha infraestructura terminó montándose en plena calle de manera improvisada, en lugar de utilizar la plaza habitual, la concejala preguntó directamente si el Ayuntamiento contaba con los informes técnicos y las autorizaciones necesarias para realizar ese cambio de última hora, advirtiendo del peligro que supuso para los asistentes y los residentes de la zona.
