El funcionamiento general de las administraciones del estado español se ha visto severamente comprometido en los últimos cinco años. Esta situación es debida al efecto que sobre el nivel de ingresos públicos ha provocado el doble hundimiento económico de la burbuja del ladrillo nacional y del estallido del casino financiero internacional. Pero también a las decisiones políticas que se han tomado –y se toman- y que nos han llevado a la extrema dependencia económica que padecen las instituciones públicas con respecto al rector privado.
Con la enorme recesión que ha provocado el solapamiento de estas crisis –hundimientos que inducen las actividades especulativas de forma recurrente y, por tanto, previsible-, redescubrimos el sentido y la importancia de asegurar el protagonismo del estado en la economía y su prevalencia frente a los intereses particulares. Pues, en un mundo de asalariados cuando las elites del dinero fuerzan -una y otra vez- los mercados hasta colapsarlos, para quienes son despedidos del sistema solo restan o la asistencia del estado social y democrático o la miseria.
Esto no es nada nuevo. La voracidad en la privatización de la riqueza producida y la irresponsabilidad social son señas de identidad del capitalismo. Por eso, después del descalabro económico y social que provocó el liberalismo en la economía con el crack de 1929, en los países más poderosos se reelaboraron las reglas del juego. Tras la 2ª Gran Guerra, se ampliaron notablemente las atribuciones y los recursos de los estados para paliar los desbarajustes capitalistas, redistribuir los beneficios socialmente y planificar y sostener políticas económicas de interés general. Y así, los llamados estados del bienestar, desde mediados de los 40 a mediados de los 70, consiguieron “cuadrar el círculo” de asegurar, como nunca antes, el nivel de vida general y la seguridad social de sus ciudadanías de a pie y, a la vez, mantener un crecimiento económico notable.
Hoy, en pleno desastre global por el nuevo crack, esos mismos estados, desposeídos de sus propiedades estratégicas y sus recursos políticos fundamentales tras las tres décadas de dominio neoliberal, se encuentran sumidos en la trampa del endeudamiento “soberano” y sus ciudadanías malviven en indefensión y empobrecimiento crecientes.
Y es que el neoliberalismo no tiene nada de nuevo: es el remoce contemporáneo del conservadurismo más reaccionario, el que defiende políticas opresoras anti democráticas, economías parasitarias de explotación y dinámicas sociales de extrema dualización. Y tampoco defiende la libertad, sino para los que ya mandan en la política, la economía y la sociedad. Que las cúpulas de poder campen a sus anchas –que es lo de siempre- no es libertad, es opresión. Lo nuevo, lo liberador es la profundización en el protagonismo democrático de los y las de abajo.
Además, la imposición de esta hegemonía reaccionaria en España ha revestido tintes de auténtica usurpación por parte de las élites políticas que, representando las vertientes izquierda y derecha de un aparente bipartidismo, vienen gobernando la generalidad de las instituciones políticas.
Esta “clase política”, más que aplicarse en velar por el cumplimiento y desarrollo de los valores democráticos, los mandatos constitucionales y la propia legalidad, vista la extrema corrupción que no deja e aflorar, a lo que parece que se han dedicado, sobretodo, es al despilfarro de los recursos públicos y al clientelismo político connivente con las oligarquías. El escándalo es tan mayúsculo que en la última encuesta del CIS el descrédito de los dirigentes políticos es ya un clamor popular.
Desde luego, gente así, no nos representa. Y, por fin, ya lo sabemos.
Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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