La alcaldesa de Onalia Bueno, compareció este martes junto a Miguel Ángel García, bombero interino en abuso de temporalidad del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para denunciar públicamente la situación que atraviesan doce de estos profesionales, cuyo puesto de trabajo está en riesgo tras la convocatoria de un procedimiento selectivo ordinario. Bueno solicita el apoyo del resto de ayuntamientos de la isla y del Gobierno de Canarias para promover la convocatoria urgente de una Junta General extraordinaria del Consorcio con el objetivo de corregir las bases de la convocatoria y que estos bomberos puedan concurrir en base a su situación diferenciada. Para poder convocar dicha Junta, es necesario reunir al menos un tercio de los votos del órgano, lo que equivale actualmente a 307 votos.
Bueno aseguró que “no estamos hablando de simples aspirantes externos, sino de bomberos que llevan años prestando servicio, ocupando plazas estructurales y poniendo su vida al servicio de la ciudadanía”.
La alcaldesa acusó al Consorcio y al Cabildo de Gran Canaria de “abandonar” a estos trabajadores pese a que existe un acuerdo previo y una situación jurídica reconocida. “Se está metiendo en el mismo saco a personal en abuso de temporalidad y a opositores externos, ignorando deliberadamente que estos doce bomberos tienen una situación específica que debe ser protegida”, afirmó.
Durante la comparecencia, a la que asistieron cerca de ochenta bomberos más sus familias, se expuso además una cronología completa del conflicto. Según explicó Bueno, los doce bomberos afectados accedieron al Consorcio como funcionarios interinos tras un proceso selectivo que tardó diez años en resolverse y culminó con el Decreto 139/2020, de 22 de octubre.
Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público, el Cabildo solicitó a los consorcios información sobre el personal susceptible de estabilización. Sin embargo, apuntó Bueno, el Consorcio de Emergencias solo informó sobre personal administrativo y dejó fuera a los grupos operativos de bomberos.
Ante esta situación, sindicatos de bomberos recurrieron la Oferta Pública de Empleo de 2022 y comenzaron las reclamaciones para exigir la estabilización de los doce afectados.
La alcaldesa recordó que en la Mesa General de Negociación celebrada el 31 de octubre de 2023 se alcanzó un acuerdo entre la Administración y la representación social para resolver el problema. De este modo, las doce plazas afectadas se cubrirían mediante concurso y las restantes mediante oposición, planteándose incluso la retirada de las demandas judiciales existentes. “Existía una solución pactada y aceptada por todas las partes. Lo grave es que el propio Consorcio rompió después unilateralmente ese acuerdo”, señaló la alcaldesa.
El cambio de criterio comenzó, según se explicó, con un informe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consorcio, emitido el 8 de febrero de 2024, que consideró “no válido” el sistema de concurso inicialmente pactado. Posteriormente, un informe no vinculante del Servicio de Recursos Humanos del Cabildo, de 11 de abril de 2024, ratificó esa posición.
Como consecuencia, el Consorcio aprobó la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2024 incluyendo las doce plazas en un procedimiento de turno libre. El 22 de mayo de 2024 la OPE fue publicada en el BOE y al día siguiente los interinos recibieron comunicación individual informando de que sus plazas quedaban incluidas en la convocatoria.
Los afectados recurrieron tanto la OPE como posteriormente las bases del proceso selectivo, aprobadas mediante Decreto 151/2025 y publicadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Asimismo, en abril de 2026 se presentó una solicitud formal de intervención institucional dirigida al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sin que hasta la fecha haya existido respuesta, según denuncian los bomberos.
Bueno también puso el foco en la rapidez con la que se pretende resolver ahora el procedimiento selectivo, previsto entre el 24 de mayo y el 2 de julio. “Lo que tardaron diez años en construir quieren destruirlo en apenas unas semanas. Es incomprensible y profundamente injusto”, señaló.
La alcaldesa recordó además que ya existe una sentencia que reconoce el abuso de temporalidad en uno de los casos afectados y subrayó que la reciente doctrina europea, derivada de la sentencia “Obadal” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece que una oposición ordinaria abierta a terceros no constituye una medida adecuada para reparar el abuso de temporalidad.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Mogán propondrá formalmente la convocatoria urgente de una Junta General extraordinaria del Consorcio de Emergencias para suspender cautelarmente el procedimiento respecto a las doce plazas afectadas y corregir parcialmente las bases. “Mogán no pide paralizar toda la oposición. Lo que pedimos es una solución justa, proporcionada y jurídicamente viable para doce familias que hoy ven amenazado su futuro”, explicó.
Bueno hizo un llamamiento al resto de municipios integrados en el Consorcio Y al Gobierno para que respalden la iniciativa impulsada por Mogán, ya que de lo contrario no será posible convocar la mencionada Junta General. “Esto no va de privilegios. Va de justicia, de humanidad y de responsabilidad institucional. Estos bomberos han protegido vidas durante años y ahora no podemos mirar para otro lado cuando son ellos quienes necesitan protección”, concluyó.
El Tribunal Supremo se pronuncia
Durante la rueda de prensa, Miguel Ángel García informó a los presentes de la llegada de última hora de la sentencia dictada el 11 de mayo por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en línea con el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2026, asunto Obadal. El Alto Tribunal establece que, cuando una persona haya participado en un proceso selectivo para el acceso a empleo público fijo, lo haya superado y no haya obtenido plaza únicamente por existir más aspirantes capacitados que plazas ofertadas, como el caso de los doce bomberos interinos en abuso de temporalidad del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la posterior concatenación de contratos temporales que derive en una situación de abuso permite la conversión de dicha relación en fija.
El Supremo subraya que estos aspirantes ya acreditaron su idoneidad conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que la vulneración de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada evidencia una necesidad estructural de personal que obliga a dicha transformación. Este pronunciamiento, de gran relevancia jurídica, podría tener efectos inmediatos sobre procesos selectivos en marcha como el tratado.
