La propuesta, aprobada con los votos a favor del el grupo de Gobierno local (CIUCA-PSOE), y en contra los del Partido Popular y Nueva Canarias, garantiza que el Ayuntamiento de Mogán continúe prestando estos servicios mediante el pago a proveedores y evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.
Con la entrada en vigor en marzo de este año de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 febrero de 2014, el Consistorio se ha visto obligado a aprobar mediante reconocimiento extrajudicial de crédito todas las facturas que no se ajustan a la actual normativa.
Conforme al artículo 26 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, todos los municipios deberán prestar los servicios de alumbrado público, abastecimiento de agua potable, y en los municipios de más de 5.000 personas como es el caso de Mogán, además, parque público.
“La falta de pago a proveedores provocaría que estos dejaran de prestar sus servicios al Ayuntamiento ocasionado la paralización absoluta de la actividad municipal y el abandono de las obligaciones legales de esta Administración respecto a la prestación de tales servicios a los vecinos y vecinas”, explicó el concejal de Contratación, Artemi Artiles.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ante la acusación de la portavoz de Nueva Canarias de “incompetentes” por la aprobación de este asunto, le recordó que la alcaldesa de Telde, también de Nueva Canarias, lleva todos los meses a Pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito.
