Parece que se extiende la moda, si puede llamarse así, de dar la misa de espaldas. Un movimiento religioso promueve volver a las viejas costumbres y, en estos días, ha sido noticia la imagen de unos sacerdotes en Francia, colocados de cara a la Cruz, hablando en latín, sin que ninguno de los presentes pueda verles la cara ni entienda nada de lo que se está diciendo. Todos los presentes, extasiados, suponen, al menos eso les han dicho, que todo lo que allí sucede es por y para ellos.
No es muy diferente de lo que está pasando con la Educación en Canarias. Paralelamente a lo que pasaba en la gótica Catedral de Chartres, los parlamentarios de los grupos Popular (PP), Nacionalista Canario (CC), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Grupo Mixto, registraban una proposición de Ley de Autoridad del Profesorado en Canarias. Pontificando de espaldas a toda la Comunidad Educativa, se les entendió decir que el profesorado es “la piedra angular del sistema educativo” y que más autoridad del profesor es para “proteger aún más los derechos de los alumnos” (sic).
El tema es que, resulta que hay personas escuchando la misa, que les molesta que les den la espalda, además, entienden latín. Y nos hemos dado cuenta de que lo que se está diciendo, no es por y para la mejora de la Educación en Canarias.
Resulta que nos hemos dado cuenta de que, los partidos de Gobierno, como si no lo fueran, han realizado este subterfugio para sacarla adelante y de manera exprés, y así eludir los controles, procesos de participación y enmiendas de los representantes de la Comunidad Educativa Canaria que puedan verse afectados por la legislación, a saber, alumnado, familias, sindicatos y otras organizaciones y administraciones.
Qué es lo que hace que se tome este camino corto para legislar es una incógnita que debe despejarse cuanto antes. Porque la denominada como “creciente problemática relacionada con la falta de reconocimiento social de la autoridad del profesorado”, según el preámbulo de esta proposición de Ley, no viene acompañada de dato ni estudio oficial alguno sobre el que fundamentar semejante acusación. Si los tienen, deben mostrarlos para que se sepa cual es la dimensión real del problema por el que hay que actuar tan rápidamente y de espaldas. De no hacerlo, se trata de una presunción de culpabilidad, especialmente hacia el alumnado, gravísima. Y es más, dado que los docentes gozan del derecho a ser autoridad pública desde 2006, ¿donde están los estudios para medir la percepción de posibles abusos de autoridad en las aulas? Igual nos resultase que haría falta una Ley de Protección del Alumnado canario. Sin datos oficiales, el papel lo aguanta todo.
Pero es que, además, la figura de autoridad docente ya está reconocida en las Leyes nacionales y también mediante el Decreto de Convivencia en la Comunidad Autónoma Canaria. Entonces, el gran avance, es que se está redundando en aún más Autoridad. Pues cuidado: según la Real Academía Española de la Lengua Española, el exceso de autoridad se denomina “autoritarismo”. Esta proposición de Ley machaca una y otra vez acerca del derecho del docente a la presunción de veracidad (“iuris tantum”), nada menos. Pero nadie se pregunta: y a mayor derecho, ¿no deberían añadirse algunos Deberes? Así, a bote pronto, la ejemplaridad, profesionalidad, transparencia, respeto al alumnado, imparcialidad… Si vamos a ponernos a legislar, que sea para mejorar, no para regalar los oídos de un sector machacado, diciendo lo mismo que ya hay. Eso también tiene una entrada en la RAE, se llama demagogia.
Y eso sería una nueva falta de respeto al profesorado canario. Trabajar en infraestructuras educativas obsoletas, con ratios inasumibles, delegándoles competencias que no son propias de la docencia, con una movilidad extrema en su puesto de trabajo, con régimen de interinidad en el que ha tenido que intervenir la UE y se podría seguir. Son tan solo algunos de los verdaderos atropellos derivados de la falta de atención al colectivo del profesorado y que tienen (o habrían tenido) solución con un nivel de inversión adecuado, para dotar de medios y apoyos a la profesión docente. A día de hoy, está constatado el descenso de la inversión docente, lejos del umbral de inversión estipulado en la Ley Canaria de Educación del 5% del PIB.
En lugar de seguir dando la misa de espaldas a la Comunidad Educativa, pensando que no nos enteramos de nada, estimados parlamentarios, prestemos especial atención a los que sí son la piedra angular del sistema educativo, el alumnado canario, nuestros hijos e hijas. Y, sí, para ello hay que apoyar firmemente al profesorado que lo educa, dotándolos de apoyos, recursos e infraestructuras del siglo XXI.
Que dejen a un lado la demagogia de legislar lo mismo que ya existe para mayor felicidad de algún sindicato. El Respeto se gana con Respeto, no con el miedo.
Y exijamos que el Gobierno de Canarias cumpla la Ley Canaria de Educación (una obligación, no una recomendación), que lleva con un déficit de inversión desde 2014 inasumible y, desde 2022 faltando a la legalidad.
Sergio J. De la Fe Melián - Vocal titular Consejo Escolar de Canarias Sector de Familias
