Es una verdad tan incuestionable como la muerte o los impuestos, que cuando un político tiene dinero público a su disposición, o cree tenerlo endeudando a los ciudadanos, inevitablemente lo gasta en lo que sea, nunca se lo ahorra a los contribuyentes. Lo hacen todos, pues gastar ese dinero público que Carmen Calvo decía que no era de nadie, es una pulsión, deseo o ansia irrefrenable dirían los psicólogos, tanto de la derecha como de la izquierda.
Unos lo disfrazan llamándolo progresismo y otros simplemente lo gastan. Los primeros nos arruinan haciendo creer a la gente que los están ayudando, por ejemplo en disparatados Planes E, mientras que los segundos nos endeudan mientras oyen a los políticos de la oposición hablar de recortes, las más de las veces inexistentes por mucho que se repitan los eslóganes,
Gastar es una cuestión trasversal, sea cual fuere el partido, lo decía hace unos días Miguel Sebastián, cuando afirmaba que es impopular reducir el gasto público en políticas sociales porque “la gente lo está pasando mal”, pero también es un “error” disminuir la inversión pública productiva porque es la que genera parte de los ingresos necesarios para mantener el gasto. Alguien le recordó al exministro aquella lapidaria frase de Margaret Thatcher: “el socialismo se termina cuando se acaba el dinero de los demás”.
Y en el otro lado de espectro político, tampoco el PP se ha atrevido a disminuir el gasto público, aunque inexplicablemente no lo digan con claridad. De hecho a ido haciendo crecer el endeudamiento del Estado en una cuantía similar a un Plan E, de los de Zapatero, mensual. Como escribía hace unos días el economista y actual director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo, “y lo más grave, es que el actual crecimiento económico no se está traduciendo en la reducción del déficit que cabría esperar, lo cual significa que las distintas Administraciones están aprovechando la mejora del PIB para elevar el gasto público, frenando con ello la reducción del déficit”.
El pasado día 26, el periódico ABC desvelaba que en Canarias los ayuntamientos y cabildos gastan en altos cargos en el año 2015 más que antes de la crisis. “Fueron 30,7 millones los que destinaron para tal fin en 2007; el año pasado, más de 34. Ocho ejercicios de estrecheces y recortes presupuestarios después, ese gasto no sólo no se ha reducido en consonancia con el decremento de las cuentas públicas, sino que incluso ha aumentado”.
En una sociedad avanzada y con un buen nivel de desarrollo económico y social, sería un arcano digno de ser estudiado como una anómala rareza, el que cuando las cosas van mal y pintan bastos, casi todos los ciudadanos deban apretarse el cinturón y las clases medias pagar más impuestos, mientras que los cargos públicos aumentan en cantidad y remuneración, a pesar de que tengan menos cosas que “gestionar”, es un decir con un punto de sarcasmo.
Y este fenómeno curioso, que sucede en Canarias y también en Andalucía, tiene como factor común la presencia en el gobierno de “fuerzas progresistas”, que han logrado mantener y hacer crecer las cifras de desempleo de forma constante. Debe ser que por aquellas tierras del sur y las nuestras más sureñas aún, progresismo es sinónimo de mantener gentes en las oficinas de empleo gestionando el cobro de subsidios mientras se ataca, se critica y a veces se impide sin razones objetivas, la creación y desarrollo de iniciativas empresariales libres, que son las que generan riqueza, trabajo productivo y bienestar general. Los gobiernos, sindicatos obreros y patronales, no lo crean. A lo sumo lo facilitan y con frecuencia lo dificultan.
