En crónicas antiguas se decía que a los futuros reyes les suministraban venenos en pequeñas dosis no letales para hacerlos inmunes a ellos cuando alcanzaran el poder si no los mataban antes. Dicen algunos, no sé si con fundamento, que así disminuía sensiblemente la rotación accidentada de los aspirantes al trono de aquellos reinos.
En los tiempos actuales, los rasputines palaciegos que moran en las cúpulas de los partidos, pero cobrando de una u otra forma del erario, están implementando la filosofía de aquellas viejas prácticas suministrando poco a poco venenos intelectuales y descaros sectarios que inmunicen a la sociedad frente a sus pérfidos designios. Y así los ciudadanos felices vamos transitando hacia la indiferencia y el desapego a la cosa pública, yendo de estupor en estupor.
El principal veneno intelectual, para el que sólo las lecturas y la reflexión seria son el antídoto, nos viene siendo administrado por muchos medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, intentando contraponer los conceptos de Estado de Derecho y democracia, entendida como la expresión votada por los grupos políticos en los parlamentos. La doctrina falaz que se está inculcando es que la voluntad de un parlamento, que no realmente del pueblo soberano, está por encima y prevalece sobre las leyes vigentes. Y lo peor a la vez que más dañino es que se está viendo como normal que inmunidad sea sinónimo de impunidad. Se puede delinquir si se tiene un grupo político capaz de imponer su voluntad a un parlamento para después trasladar eso a la administración de justicia para que calle y sin que nadie se rasgue las togas polvorientas arrastradas por los caminos del cambio de régimen en curso.
Los dos grandes partidos, aunque ahora se incorporen a la fiesta la pléyade de siglas e intereses pueblerinos, se están disputando la renovación del CGPJ, pendiente desde hace un año más o menos. He de reconocer que, con profundo desasosiego, he escuchado a políticos decir que es necesario que los jueces afectos a sus causas, las de ellos que no las nuestras, ocupen ahora sus cuotas en el Consejo y que después, hecha la renovación, se discuta y se apruebe por ley la despolitización de la justicia. A mi entender, eso es un acto de cinismo que me llena de estupor, pues parecería mucho más serio y creíble que ahora, con carácter de urgencia, el Parlamento aprobara esa ley que todos dicen querer, pero que nadie quiere en realidad, y después se renovara un Consejo de nuevo cuño. Lo que ha podido esperar un año, bien podría demorarse unos meses para intentar arreglar el descaro político actual.
Parece evidente que el gobierno del Dr. Sánchez y de Iglesias quiere poner a la justicia a su servicio, haciendo patente la vieja doctrina socialista de que Montesquieu ha muerto y que en realidad hay sólo un poder y tres coartadas. Como hechos que evidencian esta presunción se pueden citar varios. Las reveladoras declaraciones del vicepresidente no sé cuantos, afirmando que la justicia española ha sido humillada por la europea, con el consiguiente desmentido del CGPJ, es un ejemplo. Otro caso es el nombramiento de una exministra y actual diputada socialista, Dolores Delgado, para nada menos que Fiscal General del Estado, con la obvia apariencia de ser la nueva fiscal del gobierno, que no es exactamente lo mismo.
Pero este pastel tiene otras guindas. El Dr. Sánchez ha vuelto a dejar atónito, estupefacto y ofendido a mucha gente que pensábamos que el Gobierno debe defender las instituciones del Estado. Ha anunciado, salvo que sea otra de sus habituales mentiras, que se reunirá en breve con Torra, un político que ha sido inhabilitado por la Junta Electoral Central. ¿Cabe mayor desprecio a esa institución? Pues cabe, le gusta llevarnos más allá del estupor.
